Las apps de delivery, como Pedidos Ya y Rappi, tienen cada vez más presencia en la provincia de Buenos Aires y todo el país, y generan polémica por las condiciones laborales de los empleados.

Plaini explicó que el primero sería más simple porque ya existe una ley que regula el teletrabajo; en el segundo, sostuvo que tiene “problemas con la oposición”, que le marcó como reproche que busca generar nuevos sindicatos, algo que él negó. Remarcó que “estos chicos que andan en moto o con las bici, no sabemos si están en blanco o en negro, para quiénes trabajan, no sabemos nada”, postuló, al tiempo que aclaró que la idea no es tener un nuevo sindicato, sino “que estén enmarcados en el que correspondan”.

De hecho ya existe la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) que nuclea a los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en las tareas de reparto de distintos productos. La organización que lidera Marcelo Pariente viene realizando distintas acciones con el propósito de combatir la precarización laboral y por un convenio colectivo que les permita negociar paritarias, entre otras demandas.

El Gobierno bonaerense respaldaría la iniciativa de Plaini, si se tiene que cuenta que la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, advirtió que “el Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos”. Y consideró que “ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo.

La funcionaria indicó que “es una buena noticia que ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre”.

Vale recordar que hace más de un mes, la cartera laboral bonaerense realizó en un megaoperativo de inspección que desplegó en 24 municipios de la provincia para controlar la actividad de las aplicaciones. Desde el ministerio relataron que el objetivo fue “controlar la registración, condiciones laborales y de seguridad y salud de las y los trabajadores en una de las actividades donde se registra mayor vulnerabilidad de los derechos laborales”.

Además, durante 2020 realizaron un relevamiento de 172 trabajadores y trabajadoras, y realizaron intimaciones a las empresas, que desconocieron la relación de dependencia. Por tal motivo, la cartera avanzó en sanciones por incumplimientos de las normativas laborales.

La Justicia de La Plata le dio la razón a la cartera de Trabajo en el juicio contra las empresas Glovo, Rappi y Pedidos Ya, quienes debieron abonar 6.318.000, 16.426.800 y 17.690.400 pesos respectivamente.