La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) expresó su preocupación por la crisis económica y social que atraviesa el país y cuestionó las políticas del Gobierno nacional por su impacto en la industria, el empleo y los salarios. El pronunciamiento se conoció en el marco de su XXX Congreso General Ordinario, donde la organización ratificó la necesidad de impulsar un modelo que priorice la producción nacional y el trabajo argentino.

Bajo la consigna “Industria nacional, trabajo, salario y justicia social”, la entidad sostuvo que los bajos niveles de consumo y demanda, la capacidad ociosa en las plantas industriales, el aumento persistente de los precios y la falta de inversión pública están profundizando las dificultades del sector productivo.

En su declaración, la CASIA también cuestionó los ajustes en áreas como salud y educación, al considerar que estas medidas agravan la pérdida del poder adquisitivo y deterioran las condiciones de vida de los trabajadores.

Despidos, cierres de fábricas y pérdida de derechos

La organización sindical advirtió que la crisis ya se refleja en despidos, suspensiones, cierres de establecimientos y reducción de las horas trabajadas. Según señaló, la situación afecta a distintas actividades vinculadas con la industria alimenticia, entre ellas los sectores avícola, lácteo, frigorífico y alimentario.

En ese contexto, la CASIA rechazó que se naturalicen los despidos masivos sin el pago de las indemnizaciones correspondientes y cuestionó la falta de respuestas del Estado frente a los conflictos laborales. También denunció que, en muchos casos, la Justicia termina convalidando situaciones que vulneran los derechos de los trabajadores.

Frente a este escenario, la confederación planteó la necesidad de cambiar el rumbo económico para sostener el empleo, los salarios y la protección social. Además, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que no resulta adecuado extender sus beneficios a sectores que ya son competitivos y que podrían desarrollar su actividad en el país con una menor utilización de mano de obra.

Alerta por el desfinanciamiento de las obras sociales

Otro de los ejes centrales del documento fue la situación de las obras sociales sindicales. La CASIA denunció que el actual modelo económico está contribuyendo a su desfinanciamiento y, en consecuencia, al deterioro de las prestaciones de salud para los trabajadores y sus familias.

La entidad vinculó esta problemática con la caída del empleo formal, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la falta de pago de subsidios y reintegros que, según sostuvo, les corresponden a las obras sociales.

A esto se suma el incremento de los costos de medicamentos, profesionales, insumos tecnológicos y prestaciones asistenciales, que crecen por encima de los salarios e incluso del índice general de precios. Para la confederación, esta combinación de factores compromete la sustentabilidad del sistema y pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud.

Asimismo, la CASIA denunció irregularidades en los traspasos y cambios de obra social realizados sin el conocimiento de los beneficiarios. Al respecto, informó que está llevando adelante acciones institucionales y judiciales para defender los derechos de los afiliados y evitar maniobras que calificó como irregulares.

Un modelo productivo con justicia social

En el tramo final de su declaración, la confederación reafirmó su compromiso con la generación de empleo, los salarios dignos y una distribución más justa de la riqueza.

La organización sostuvo que es posible construir una sociedad productiva, equitativa, inclusiva y solidaria, y planteó la necesidad de impulsar una alternativa política que permita recuperar el crecimiento económico y el desarrollo con justicia social.

De esta manera, la CASIA volvió a poner en el centro de la discusión la situación de la industria nacional y las consecuencias sociales del ajuste, con un reclamo que abarca tanto la defensa de los puestos de trabajo como el sostenimiento de los ingresos y de la cobertura de salud de los trabajadores argentinos.