La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), que representa a más de 55 millones de trabajadores de la región, expresó su «categórico rechazo a la utilización del aparato judicial con fines de persecución política sobre los líderes populares de la región». La advertencia se hizo en el marco de la causa judicial contra Cristina Kirchner, que generó el repudio de todo el arco sindical.

La entidad, con afiliación y presencia en 21 países del continente, reclamó «con firmeza el cese de las operaciones político-judiciales y el intento de proscripción contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner«.

«Observamos con extrema preocupación la interrupción de procesos democráticos que se desarrollaron en nuestra región», afirmó la CSA, en un comunicado de prensa. La entidad regional hace referencia a lo sucedido en Brasil en 2016, en Bolivia en 2019, Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012.

Caso Brasil

«El golpe de Estado en Brasil fue resultado de una articulación entre sectores conservadores del parlamento y del poder judicial, así como representantes de las élites dominantes y de los grandes medios de comunicación que tenían como objetivo interrumpir un ciclo de avances sociales y geopolíticos: primero con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y posteriormente con la detención ilegal de Luiz Inácio Lula da Silva para impedir su candidatura presidencial», ejemplificó la CSA.

Hace un poco más de un año, agregó la entidad, «los procesos contra Lula fueron archivados y él demostró su inocencia». «Hoy estamos llenos de esperanza de poder verlo nuevamente como presidente de Brasil. Las trabajadoras y los trabajadores del continente reafirmamos nuestra unidad en la lucha contra este ataque a Cristina Fernández de Kirchner que pretende constituirse en un nuevo capítulo de un plan que ya se ejecutó en otros países de la región con nefastas consecuencias para la democracia y los derechos humanos de nuestras naciones», concluyó el documento, firmado por el Secretario General de la CSA, Rafael Freire Neto.

Otros repudios

Desde que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de presión contra la vicepresidenta, todo el arco sindical se pronunció contra la «persecución judicial» contra la dos veces presidenta de la Nación. Lo hicieron la CGT y las dos fracciones de la CTA, además de otros espacios se solidarizaron con ella, así como los gremios de manera individual.

Desde la CONADU, por ejemplo, denunciaron que «la actuación de los fiscales no es otra cosa que la versión más reciente de un largo hostigamiento mediático y judicial dirigido a perseguir a Cristina Fernández de Kirchner«.

«Carentes de pruebas que las justifiquen, y violentando las más elementales normas del derecho, las acusaciones esgrimidas por la fiscalía sólo responden a la decisión del poder económico, y a las aspiraciones de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, que no perdonan a quien fuera diputada, senadora, y presidenta de la Nación por dos períodos, el haber defendido siempre con absoluta coherencia e inclaudicable compromiso los intereses de las mayorías populares», destacó el gremio universitario.

Por esto, CONADU repudió la maniobra que conlleva «la proscripción política de la compañera Cristina, y que constituye un agravio a la Constitución Nacional y un golpe contra nuestra democracia».

«Nos mantenemos en estado de alerta, para movilizarnos con la CTA de las Trabajadoras y los Trabajadores, y el conjunto de las organizaciones populares si este proceso amañado y fraudulento avanza atentando contra la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y contra los derechos de nuestro pueblo», concluyeron.