En declaraciones radiales al programa “Palo y Zanahoria” de El Destape Radio, el magistrado explicó que la medida se basa en el principio de “verosimilitud del derecho”, una figura jurídica que implica la presunción de que podrían existir derechos afectados que requieren tutela urgente.

Ojeda sostuvo que su intervención responde a una obligación legal de fundamentar las resoluciones judiciales y remarcó que el fuero laboral posee una especialización en materia social que lo diferencia de otros ámbitos judiciales. En ese sentido, cuestionó el intento del Gobierno de trasladar la causa al fuero contencioso administrativo. “El derecho laboral tiene jueces formados en la cuestión social, mientras que el contencioso administrativo está orientado a la cuestión del Estado”, explicó.

El magistrado advirtió que varios puntos de la reforma tienden a restringir el derecho de huelga, lo que —según señaló— podría derivar en conflictos de mayor escala. En ese marco, recordó antecedentes históricos como los conflictos sociales registrados durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando se produjeron protestas masivas tras modificaciones en el ámbito laboral.

“Frenar las huelgas es como tapar un chorro de agua con un dedo”, afirmó, al tiempo que consideró que el conflicto forma parte de la dinámica propia de las relaciones laborales y no debe ser visto como un fenómeno negativo.

Asimismo, defendió la legitimidad de la CGT para representar a los trabajadores y cuestionó la idea de que la flexibilización laboral genere empleo. “La flexibilización no genera empleo”, sostuvo.

Ojeda también reivindicó el derecho a huelga como un derecho de carácter esencial, protegido por la Constitución Nacional, y advirtió que no puede ser limitado mediante criterios restrictivos.

En relación al proceso judicial en curso, indicó que el Estado cuenta con cinco días para responder la demanda, tras lo cual el tribunal tendrá tres días para dictar sentencia en un caso que calificó como “inédito” dentro del fuero laboral.