El reporte inaugural del Monitor de la Reforma Laboral, elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) en conjunto con el CETYD-UNSAM, Fundación SES, CEDAF, Futuros Mejores y Grupo Paternal ,precisó que durante los primeros cuatro meses de aplicación de la norma se destruyeron 36.000 puestos de trabajo formales y bajaron sus persianas 6.905 empresas.

El diagnóstico del estudio señala que el proceso de destrucción de puestos de trabajo acumula 13 meses consecutivos de caída en el empleo privado registrado, registrando un saldo acumulado de 241.200 empleos formales perdidos desde que asumió Milei. La sangría afecta a la casi totalidad de las ramas de actividad, alcanzando incluso a sectores tradicionalmente calificados como “ganadores” o dinámicos, entre los que se encuentran la minería, la extracción de petróleo y la intermediación financiera.

Esta dinámica coincide con los relevamientos del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que venía advirtiendo sobre la incapacidad de los rubros en crecimiento para absorber la mano de obra expulsada.

El informe del IAG pone el foco en el virtual congelamiento de las incorporaciones en el mercado de trabajo formal. La denominada «tasa de entrada», que mide las altas registradas en el mes sobre el total de ocupados del período anterior, tocó un piso del 1,6%, el valor más bajo registrado, lo que explica la constante contracción del universo de trabajadores registrados. Al evaluar las herramientas de la reforma, el estudio concluye que mecanismos como el estiramiento del período de prueba o la implementación del banco de horas no resultaron un incentivo suficiente para que las empresas contraten personal.

Como contrapartida del desplome formal, los indicadores mostraron un deterioro generalizado del mercado laboral argentino:

Tasa de desocupación: Se posicionó en el 7,9% de la Población Económicamente Activa (PAE), lo que representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre de 2023.

Subocupación: Alcanzó al 11,5% de los trabajadores, registrando un alza de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de referencia.

Informalidad récord: La tasa de trabajo no registrado escaló al 45,0% de los ocupados, marcando el pico máximo en la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Según el informe, en la actualidad, más de 6 millones de argentinos se desempeñan en la informalidad. Solo en el último año, el sector no registrado sumó a 348.000 personas, una expansión que se canalizó predominantemente a través de tareas de cuentapropismo precario de subsistencia.

Colapso empresarial: Comercio e Industria sufren el mayor impacto

En el plano corporativo, las estadísticas elaboradas a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dan cuenta de una caída sin precedentes en el número de empleadores. Desde el inicio de la actual gestión nacional cerraron 31.342 empresas en todo el país, una cifra calificada como récord histórico para el registro disponible. Solamente en el último mes analizado por el Monitor se contabilizó la pérdida neta de 709 firmas.

El proceso de destrucción empresarial afecta de forma desproporcionada al segmento de las pequeñas y medianas empresas:

Microempresas (1 a 10 empleados): Sufrieron un recorte del -6,8% en la masa total de empresas.

Pequeñas empresas (11 a 50 empleados): Registraron una caída del -5,6%.

Tramo Pyme (51 a 100 empleados): Tuvieron una contracción del -4,1%. En conjunto, las unidades productivas de hasta 100 trabajadores explicaron el 47% del total de las empresas desaparecidas.

Por sectores de actividad, la reducción en el stock de firmas se concentró en el Comercio (-8.758 empresas), el Transporte y almacenamiento (-6.915) y la Industria manufacturera (-4.158). A nivel geográfico, la pérdida de unidades comerciales e industriales se verifica en 23 de las 24 jurisdicciones del país, siendo las provincias del Norte argentino y de la región Cuyo las más castigadas. La provincia de Neuquén se mantuvo como la única excepción nacional con un saldo positivo marginal (+72 empresas), apalancada por la actividad no convencional en Vaca Muerta.

El apartado salarial del estudio confirma que la aprobación del nuevo marco regulatorio no detuvo la pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones. A cuatro meses de sancionada la ley, el salario privado registrado acumula una pérdida real del 3,7% frente al promedio observado entre enero y noviembre de 2023.

El informe destaca que la pérdida es aún mayor al contemplar la medición con canastas no implementadas a principios de año, con la cual la caída real del salario privado alcanza el 8,0%. Por su parte, la remuneración en el Sector Público Nacional registra un desplome del 37,8% real en el mismo período.

Asimismo, el Monitor repasó las novedades sobre la reglamentación y los efectos colaterales normativos:

Fondos de Asistencia Laboral (FAL): La reglamentación para el esquema que comenzará a operar en noviembre fijó un menú de inversiones concentrado en títulos del Estado nacional, excluyendo por el momento a la deuda de las provincias y de CABA al exigirles calificaciones crediticias AAA que actualmente no cumplen.

Incertidumbre judicial: El informe destacó el impacto de la aplicación del artículo 55 de la ley sobre juicios pendientes. Como ejemplo, se citó un caso en la provincia de San Juan donde una indemnización estimada originalmente en $6 millones pasó a valer casi $160 millones tras la recalculación de intereses bajo la nueva pauta nacional, lo que genera mayor imprevisibilidad en la actualización de los pasivos laborales provinciales.