La declaración contrapone la designación de la funcionaria con la situación de cientos de jóvenes investigadores que, quedaron al borde de la interrupción de sus carreras científicas.

En un comunicado difundido este sábado, la representación gremial sostuvo que alrededor de 400 trabajadores y trabajadoras con becas postdoctorales atraviesan una situación de incertidumbre debido a la falta de las prórrogas que habitualmente permitían extender sus becas hasta el ingreso a la Carrera del Investigador Científico del CONICET.

“Mientras casi 400 de nuestras compañeras y compañeros con becas postdoctorales ven interrumpidas sus carreras científicas”, señalaron desde la Lista Verde y Blanca, el Gobierno nacional continúa adoptando decisiones que, a su entender, generan interrogantes sobre los criterios utilizados para definir las políticas de Ciencia, Innovación y Tecnología.

El documento puso especialmente el foco en la designación de Baravalle y cuestionó su trayectoria académica y profesional. En ese sentido, los delegados hicieron referencia a una publicación de la revista Noticias que puso bajo análisis modificaciones y aspectos de su currículum.

La organización gremial estableció un contraste entre la situación de los becarios del CONICET y la designación de funcionarios políticos. Según planteó, los jóvenes investigadores que aspiran a incorporarse a la carrera científica deben atravesar extensos procesos de formación y evaluación.

“Han dedicado diez años de sus jóvenes vidas a prepararse para ser científicas y científicos”, afirmaron, en referencia a quienes transitaron carreras universitarias, posgrados, maestrías y doctorados, participaron de proyectos de investigación, publicaron trabajos científicos y presentaron resultados en congresos nacionales e internacionales.

ATE CONICET también destacó que muchos de esos trabajadores y trabajadoras tienen responsabilidades familiares y cuestionó el deterioro de sus ingresos como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

En contraposición, la declaración cuestionó que, mientras investigadores formados enfrentan la posibilidad de quedar fuera del organismo, se produzcan designaciones políticas en áreas estratégicas del sistema científico y tecnológico.

Críticas a la orientación de la política científica

El comunicado vinculó además la designación de Baravalle con la orientación que, según la organización gremial, está adquiriendo la política científica y tecnológica del Gobierno de Javier Milei.

En particular, mencionó el interés de grandes empresas y fondos de inversión en el desarrollo de infraestructura vinculada a inteligencia artificial y grandes centros de procesamiento de datos en la Patagonia. Entre los ejemplos citados aparecen la compañía estadounidense Palantir, vinculada al empresario Peter Thiel, y la firma polaca Green Capital.

El gremio señaló que estos proyectos estarían relacionados con las condiciones de disponibilidad de agua, energía renovable y grandes extensiones de tierra existentes en distintas zonas de la Patagonia. También mencionó el proyecto AtlasGigaHub, atribuido a Green Capital, y sostuvo que contempla el alquiler de unas 130.000 hectáreas en las proximidades de Trelew durante seis décadas.

A partir de estos casos, la Lista Verde y Blanca planteó una crítica más amplia sobre el papel que debería desempeñar el sistema científico y tecnológico nacional frente a la llegada de grandes inversiones vinculadas a la explotación de recursos naturales y al desarrollo de infraestructura tecnológica.

La declaración también incorporó referencias a la actividad petrolera en el Atlántico Sur y a la presencia de capitales extranjeros en proyectos vinculados con los recursos naturales de la región.

Reclamo por las becas y pedido de investigación

En el tramo final del documento reclama que el Congreso de la Nación intervenga para garantizar las prórrogas de las becas postdoctorales y evitar que los investigadores queden desvinculados del sistema científico. “Queremos que el Congreso de la Nación obligue al CONICET a otorgar de inmediato las prórrogas a nuestras compañeras y compañeros”, sostuvo la organización.

Asimismo, reclamó que se investiguen judicialmente las presuntas irregularidades que, según la declaración, existirían en la documentación académica atribuida a Baravalle. El gremio planteó que se determine si corresponde investigar una eventual falsedad ideológica vinculada con sus diplomas.

Finalmente, la Lista Verde y Blanca de ATE CONICET volvió a cuestionar la orientación general de las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre el riesgo de que el sistema científico y tecnológico sea subordinado a intereses vinculados con la explotación de recursos naturales y la llegada de grandes capitales.