Contratados del Hospital Materno anunciaron un paro para el viernes

Contratados del Hospital Materno anunciaron un paro para el viernes

El gobierno provincial, en tanto, ya dispuso a través de un decreto el pase a planta permanente de quienes recibieron su designación temporaria hasta diciembre de 2019.

El viernes se celebró la publicación del decreto 229 que salió en el Boletín Oficial que permitirá el pase a planta permanente de agentes de la Salud designados temporariamente. Otros, en cambio, protestaron dado que hasta ahora se les impide acceder a la estabilidad laboral. Se trata de unos 400 agentes de la Salud que se desempeñan en el Hospital Materno Infantil. Ante ello decidieron convocar a un paro para el próximo viernes 26.

El instrumento publicado en el Boletín Oficial beneficia con la estabilidad laboral a los agentes de Salud que hayan obtenido su designación temporaria hasta el 31 de diciembre de 2019. El jueves, los trabajadores del Hospital Público Materno Infantil (como se designa oficialmente, se manifestaron porque esa estabilidad excluye a unos 400 trabajadores a quienes desde el Hospital les retribuyen sus sueldos como “planta privada”.

Sucede que el Hospital Materno Infantil (o Nuevo Hospital del Milagro, como se lo denominó en 2001 al empezar a funcionar), fue gerenciado en sus inicios por privados. Uno de ellos fue la Fundación Santa Tecla, de España, que en 2010 se retiró de la concesión para ser la provincia quien luego constituya una Sociedad del Estado (S.E), para seguir al frente del Hospital.

Desde entonces, hay quienes son designados por el Ministerio de Salud, por un lado, y por la S.E, por el otro. Quienes son designados por la S.E son conocidos como los de “planta privada”. Ello implica tener los mismos beneficios y salarios que los designados por el Ministerio de Salud, pero sin estabilidad laboral. Y de hecho, son quienes no pueden ser beneficiarios de la designación temporaria y, por lo tanto, están imposibilitados de pasar a planta permanente.

“Esta gente ingresó en 2012”, dijo a Salta 12 el secretario gremial de ATE, Víctor Chuquisaca, al sostener que cuentan con un “contrato de plazo fijo”, que le permite a la empresa rescindir la relación laboral sin demasiada burocracia.

El reclamo por la situación se hizo en el gobierno anterior, cuando la cartera ministerial estaba a cargo de Roque Mascarello. Chuquisaca indicó que en 2019, se firmó una resolución que permitía el pase a designación temporaria de los agentes de planta privada del Materno. “Pero la actual gestión desconoce ese acta”, afirmó el gremialista.

Entendió que lo único que falta es un decreto “con decisión política”, para regularizar la condición de estos trabajadores de la Salud. Pues el “pase a planta no implica un costo mayor a la provincia”, del que ya tiene. Y es que el pago de la planta privada del Materno surge, de hecho, de las partidas que envía la provincia al Hospital. “Se torna caprichoso ya”, sostuvo.

El fracaso neoliberal en la espalda de los trabajadores

Las políticas privatizadoras de la Salud tuvieron su auge en la provincia de Salta sobre todo (pero no de manera exclusiva), durante la gestión gubernamental del hoy senador nacional, Juan Carlos Romero. 

El escenario más conocido es el caso del Materno Infantil, y otras formas de autogestión de Hospitales (figuras que continúan al día de hoy). Una de las más resonantes fueron las llamadas “empresas tercerizadas”, que se hacían cargo del mantenimiento, cocina y ropa de cama de los Hospitales. A través de ATSA (uno de los gremios de la Salud), se había conseguido conformar una suerte de trabajo cooperativo con los agentes del Estado que estaban a cargo de esas tareas en los Hospitales. 

En 1998 inició la experiencia. En el medio, las tercerizadas pasaron a la Fundación Trabajo y Solidaridad. En 2015, tras el reclamo de los trabajadores, el gobierno de Juan Manuel Urtubey terminó con esa figura contractual y absorbió a casi 400 trabajadores al Estado.

En el actual decreto de pase a planta, se excluye ahora de la posibilidad de volver al Estado a los trabajadores que en 1998 decidieron (algunos confiesan que por desconocimiento, otros por intimidación), salir del Estado para ser parte de una empresa que les prometió ser socios “y los terminó explotando”, recordó Chuquisaca.

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