La OIT alertó sobre la necesidad de adoptar estrategias inmediatas para enfrentar la crisis laboral provocada por la enfermedad COVID-19 que ha causado la pérdida de al menos 34 millones de empleos, y que podría generar una amplificación de las desigualdades en América Latina y el Caribe en un contexto de incipiente recuperación registrado en las últimas semanas.

La OIT presentó hoy la segunda edición de su "Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe", en el cual advierte de "la drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos".

Al mismo tiempo, el informe destaca que a partir del tercer trimestre de 2020 se detecta una recuperación en los niveles de actividad económica y que los primeros datos revelan una incipiente recuperación del empleo y un retorno a la fuerza laboral.

"Los indicios preliminares de recuperación son una noticia positiva, pero el impacto de la COVID-19 en el trabajo y en las empresas fue enorme, y el camino por recorrer es largo. Es fundamental relanzar las bases para la reactivación de la economía con seguridad sanitaria asegurando condiciones favorables el funcionamiento de los negocios y para la creación de más y mejores empleos", dijo el Director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

El Panorama Laboral dice que durante esta crisis "34 millones de trabajadores perdieron su puesto de trabajo (algunos de manera temporaria)", según la información disponible de 9 países que representan más de 80% de la población económicamente activa de la región. La tasa de ocupación llegó a 51,1% al primer semestre, representando una fuerte reducción de 5,4 puntos porcentuales respecto del registro del mismo período del año anterior, lo que representa "un valor mínimo histórico".

Pero el análisis de la OIT también advierte que "las caídas en el empleo no se reflejaron completamente en aumentos en la tasa de desocupación debido a las masivas salidas de la fuerza de trabajo".

Esas salidas de la fuerza de trabajo o transiciones a la inactividad se reflejaron en que la tasa de participación laboral también registró una caída sin precedentes al reducirse del 61,3% al 52,6% entre el primer y segundo trimestre de este año. Ello implicó que 32 millones de personas dejaran de ser económicamente activas.

Con respecto a la tasa de desocupación, el informe dice que este indicador promedio para 9 países con información disponible fue de 11,5% durante el segundo trimestre, 2,2 puntos porcentuales más elevado que en el primer trimestre de este año. Ello implica que alrededor de 2 millones de personas adicionales que perdieron el empleo y continuaron buscándolo

En Argentina, el INDEC informó la semana pasada que el índice de desocupación llegó al 13,1%, el nivel más alto desde 2005. El ministro de Trabajo Claudio Moroni además apuntó una lectura que coincide con la dirección que tomó el resto de Latinoamérica y el Caribe: "Creció el desempleo, pero cuando se mira el total de desempleados en este momento versus el mismo trimestre del 2019 solo creció 0,1%. Lo que tuvo una contracción terrible es la población económicamente activa, que cayó como 19%"

"Si la población que perdió su empleo hubiera permanecido dentro de la fuerza de trabajo (como desocupada) el impacto sobre la tasa de desocupación hubiera sido significativamente más elevado", dice el informe de OIT. Lo mismo ha sucedido con la informalidad, que según datos disponibles ha disminuido en algunos países, porque las personas pasan a una situación de inactividad ante las dificultades para trabajar.

Pero tanto la tasa de desocupación como la de informalidad podrían subir a medida que se concrete la reapertura de las actividades y se reactive la demanda. Quienes salieron de la fuerza laboral a causa de la COVID-19 constituyen una "oferta de trabajo potencial que seguramente regresará a buscar empleo".

"La adopción temprana de estrategias que continúen atenuando estos impactos y que apuntalen la recuperación será clave. También es fundamental fortalecer la institucionalidad laboral, particularmente en lo que refiere a las políticas activas del mercado de trabajo", dice el informe.

Y destaca que "la crisis abre la oportunidad para reestructurar las instituciones laborales y de la protección social", así como "estructurar una política de empleo integral que acompañe o sea parte de la estrategia económica de recuperación".