Trabajadores y trabajadoras de la TV Pública denunciaron un nuevo episodio de censura y precarización durante la emisión del programa “Las mañanas con Andino”, el jueves 5 de junio. Mientras un grupo de empleados manifestaba en vivo por mejoras salariales y libertad de expresión, el conductor Guillermo Andino interrumpió la entrevista al aire y la transmisión fue reemplazada por contenido grabado. Desde ese momento hasta el noticiero del mediodía, el canal evitó volver al vivo y no hubo explicaciones oficiales.
“No tenemos paritarias hace casi un año. Los sueldos no alcanzan ni para cubrir lo básico”, señalaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). De acuerdo a datos del gremio, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 los salarios en el canal estatal aumentaron apenas un 71,2%, frente a una inflación acumulada que supera el 170%. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%.
La protesta del jueves se suma a una serie de medidas impulsadas por trabajadores y trabajadoras de la emisora, que desde hace semanas se vienen expresando al aire en diferentes programas. Ya lo habían hecho durante la tarde en la conducción de Gabriel Corrado y, en paralelo, también denunciaron restricciones para cubrir la represión frente al Congreso, donde incluso se prohibió el uso de la palabra “represión” y se vetó a determinadas fuentes periodísticas.
“Esto ya no es sólo un conflicto salarial, es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a informar con pluralidad”, sostienen los gremios, que declararon el estado de asamblea permanente y movilización. El plan de lucha, que por primera vez reúne a los sindicatos SIPREBA, SATSAID, APJ y SALCO, se definió por unanimidad en una asamblea general.
El jueves 22 de mayo, las y los trabajadores realizaron un abrazo simbólico al histórico edificio de Canal 7 en Figueroa Alcorta 2977, en defensa de los medios públicos y contra el vaciamiento de Radio y Televisión Argentina (RTA). Allí también llevaron adelante una retención de tareas de tres horas para visibilizar lo que consideran un "fraude laboral", por la depreciación de salarios congelados desde agosto de 2024 y la eliminación de 19.000 días de vacaciones no gozadas anteriores a 2022.
“Estamos por debajo de la línea de pobreza, y en muchos casos, incluso de la indigencia. Mientras tanto, se destinan recursos a figuras del oficialismo que hacen contenidos sin voces críticas y con discursos oficialistas. La TV Pública corre el riesgo de convertirse en una agencia de propaganda del gobierno”, advirtieron en un comunicado conjunto.
La intervención de RTA, afirman los sindicatos, incumple con los acuerdos paritarios y margina a las representaciones gremiales. El conflicto, que ya escaló en visibilidad, podría profundizarse en las próximas semanas si no hay respuesta oficial a los reclamos.
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