Francisco Jueguen

Los sindicatos cobran “peajes” millonarios a los trabajadores. En la antesala de una caliente discusión por una reforma laboral, esa es la conclusión que dejó un relevamiento del equipo que conduce Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que calculó que un empleado paga hasta $1,3 millones por año en aportes obligatorios a los gremios. Además, que hay entidades que llegan a recaudar –por la cantidad de trabajadores a los que representan- alrededor de US$800 millones anuales.

El estudio señaló que, en conjunto, los sindicatos de camioneros, encargados de edificios, comercio, construcción, metalúrgicos, y gastronómicos recaudan aportes obligatorios de los trabajadores por $1.996.878 millones (o sea, casi $2 billones), lo que significa más de US$1300 millones. Estos representan por cada trabajador por año unos $838.193 en promedio.

El informe del equipo de Sturzenegger –que contó con el aporte de la Secretaría de Trabajo, que coordina Julio Cordero- resume los aportes obligatorios detectados en más de 50 convenios colectivos de trabajo a nivel actividad –no empresa- y todos los acuerdos que lo complementan o modifican. Se rastrearon allí cláusulas que establecen esos “peajes”, según describieron. Los números mencionados son sobre las seis actividades “más representativas” del país.

¿Qué encontraron los técnicos oficiales? “El hallazgo principal es la existencia de múltiples aportes compulsivos”, estimaron a LA NACION. Según contaron, el más significativo es el “aporte solidario” que pagan todos los trabajadores, incluso los no afiliados a los gremios.

“Esto genera una discusión de fondo sobre si es coercitivo y si afecta la libertad del trabajador a no asociarse”, esgrimieron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico SturzeneggerMauro V. Rizzi

También hallaron pagos a las cámaras empresariales y pagos a institutos manejados por sindicatos o cámaras. Citaron como el Inacap en Comercio para capacitación, o el Istic en Construcción para servicios sociales, recreativos y de turismo. Vale recordar un enfrentamiento público entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, el 21 de agosto en el Council of the Americas. Sturzenegger criticó entonces los privilegios judiciales, gremiales y empresariales y dijo que “la casta se defiende con uñas y dientes”.

El ministro recordó que el Gobierno había dictado un decreto para prohibir que los sindicatos y cámaras impongan aportes forzosos a sus afiliados: “Es una suerte de impuesto privado que no corresponde. La mayoría de las organizaciones funcionan con aportes voluntarios y así debe ser. No es correcto usar la Justicia para sostener privilegios”, dijo allí y le pidió a Grinman no pelear para sostenerlo. “Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja”, le dedicó, tras la negativa empresaria, el ministro. “Bueno, estamos en democracia”, cerró Grinman. En la cartera agregaron que también registraron otros aportes para fines diversos: capacitación, acción social, cultura, turismo y gastos administrativos, que se cobran compulsivamente.

“Solo registramos los aportes periódicos y que representan un porcentaje del salario del trabajador, pero hallamos que existen aportes ‘extraordinarios’ con una suma fija que van al sindicato y que se van renovando año tras año, pese a ser extraordinarios”, agregaron.

“Un dato llamativo que surgió es la existencia de aportes ‘de emergencia’ para cubrir déficits de obras sociales o mejoras edilicias en la sede central del sindicato”, indicaron desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. “Nuestro análisis fue solo a nivel actividad. Es de esperar que a nivel empresa se encuentren más aportes de este tipo o de montos superiores”.

Como se mencionó, el Gobierno ya había intentado introducir cambios. El DNU 70/2023, limitaba el pago de cuotas, aportes o contribuciones a asociaciones con personería gremial de parte de trabajadores “solo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. La Justicia frenó la intención del Gobierno de eliminar esos “peajes”.

En detalle

Por caso, el Sindicato de Camioneros que maneja la familia Moyano (representa a 244.289 trabajadores) cobra un aporte solidario del 3% sobre el sueldo de convenio –básico más adicionales- y 4% de otros aportes sobre el básico ($1,2 millones el primero y $678.505, el básico). Todo suma un aporte de $206.522 millones por año al gremio o $845.401 por trabajador por año. A los encargados de edificios (son 60.528), el gremio les cobra el aporte solidario (2%) y de otros un 7,5%. Ambos sobre sueldo de convenio. El salario promedio llega a más de $1 millón. Recauda $79.302 millones anuales o $1,3 millones por trabajador al año.

Entrevista a Armando Cavalieri secretario del sindicato de comercio.Santiago Filipuzzi

El sindicato de Comercio (tiene 1,2 millones de trabajadores, o sea, es el más grande de la Argentina) recauda un aporte solidario de 2%; un 2,5% de otros aportes y 0,5% de Inacap, según el relevamiento oficial. El aporte anual para el sindicato llega a $1 billón o a $803.649 por trabajador por año. En construcción (342.700 empleados), el gremio cobra un 2,5% de aporte solidario; 4,8% de otros aportes; y 1% de Istic. Recauda más de $1 millón por trabajador por año, o sea, unos $372.792 millones anuales. Los metalúrgicos (266.280 trabajadores) recaudan un 2% de aporte solidario, sumas fijas por “otros”, y 1% por Adimra. El aporte anual para el gremio suma $96.582 millones. Son $362.710 por trabajador por año. El sindicato de gastronómicos (207.721 empleados) se lleva 2,5% de aporte solidario, 3% por “otros” y 1% de la cámara. Recauda anualmente $228.406 millones. Son más de $1 millón por año por trabajador.

En IDEA, donde había adelantado algunos de estos números, Sturzenegger avanzó sobre los cuatro puntos que –creía- tenía que trabajar el Gobierno de cara a una reforma laboral, un cambio que prometió también en ese mismo encuentro en Mar del Plata el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje grabado. “El régimen laboral es arcaico, rígido e imprevisible”, dijo entonces el titular del Palacio de Hacienda, que recordó además que no se crea trabajo en la Argentina desde 2011.

El titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado habló de los “altos impuestos al trabajo”, de los mencionados “peajes” en las convenciones colectivas, de los sistemas de cese, y de cómo debería ser la negociación colectiva en el país.

Del primer punto, dijo que, si el sueldo bruto del trabajador es 100 -por ejemplo, en la construcción- el empleador paga 133,4 (2,8% de contribución al sindicato; 6,64% de ART; 6% de obra social y 18% de contribuciones), mientras que el sueldo de bolsillo es 77,5 (11% de aportes a la seguridad social; 3% de PAMI; 3,6% a la obra social y 5,5% de aporte al sindicato). Sobre el sistema de cese, ya en implementación, reconoció que hubo pocos avances en el sector privado.

En tanto, sobre el último punto mencionó que si en las negociaciones salariales, los convenios menores –región o empresa- rigieran por arriba de los mayores –lo contrario a lo que ocurre hoy- se podría reducir el desempleo unos 16 puntos en el noroeste argentino.