Un 18 de febrero, pero de 2016, se dictaba lo que sería el inicio de un caso testigo del accionar del PRO sobre las organizaciones sindicales. La Justicia Federal ordenaba la intervención del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y cumplía uno de los anhelo del por entonces presidente Mauricio Macri: escenificar la lucha contra las mafias sindicales y hacer caja para los funcionarios.

La experiencia, que se vendió fuerte en los medios afines, terminó con el saqueo de los recursos del gremio, una tropa de militantes, familiares y amigos de Jorge Triaca y otros dirigentes de Cambiemos contratados en el sindicato, la destrucción de derechos laborales y el virtual financiamiento de la campaña 2017 del macrismo a expensas de los marineros. Más tarde la fórmula se repetiría en otras intervenciones. 

En un primer momento, en virtud de la resolución judicial, se designaron tres interventores. La visibilidad recayó en la por entonces diputada nacional del PRO Gladys González. Pero además componían el triunvirato Jorge Alonso y Santiago Viola.

Mientras avanzaba la judicialización de la política, Omar "Caballo" Suarez, el sindicalista preferido de Cristina, había sido elegido para mostrarle a sus pares lo que les podía ocurrir en caso de no disciplinarse.

Desde el inicio de la gestión del triunvirato que debía normalizar el SOMU comenzaron a notarse serias y profundas diferencias. Es que González, del ala dura del macrismo, representaba los intereses de los empresarios y quería avanzar en la adopción de medidas de fondo. Estrictamente intentaba modificar convenios colectivos de trabajo y ser el emblema de la reforma laboral de hecho que Cambiemos promovió durante los 4 años de Gobierno.

La negativa de Viola y Alonso a firmar una reforma en los convenios que perjudicara a los marineros los llevó a presentar su renuncia con sendos informes ante la Justicia, en los cuales se puntualizaban las irregularidades del accionar de la hoy Senadora. "Curiosamente" esos escritos fueron extraviados, hecho por el cual se tramita una denuncia penal.

"La modificación de los convenios colectivos, en perjuicio de los trabajadores, se aparta del criterio que sostengo, que consiste en mantenerlos hasta que el gremio haya sido normalizado y sean las autoridades elegidas en una elección pluralista, las que resuelvan sobre esa delicada cuestión", había advertido Alonso en su momento.

Ya como única interventora, y con un gremio que estaba siendo saqueado a la luz pública, González nunca pudo terminar la tarea de reconversión del sindicato y ante las innumerables denuncias penales, comenzó a planificar su retirada para refugiarse en ACUMAR.

El insulto del Ministro Triaca a Sandra Heredia, su empleada doméstica que cumplía funciones en negro y que había sido contratada en el sindicato, detonó una serie de denuncias judiciales y mediáticas que visibilizaron lo que ocurría. Decenas de militantes del PRO de Avellaneda contratados; las cajas navideñas del SOMU descargadas en la quinta de Triaca por Alejandro "serrucho" Gómez; faltantes en el patrimonio del SOMU, que incluyó dinero, vajilla, televisores, computadoras, cafeteras y mobiliario en general; un incendio intencional, comprobado por la compañía aseguradora del hotel de la Estancia de Puerto Madryn, que impidió el cobro del seguro; facturas millonarias del hermano de Triaca como "organizador de eventos", y muchos otros casos.

La injerencia del Poder Ejecutivo en la intervención fue total. De hecho Maximiliano Montenegro, en "Animales sueltos", uno de los lugares favoritos desde el que se relató la intimidad de Cambiemos, contó que el ex Presidente admitió intervenir en la justicia para meter preso a "Caballo" Suarez.

También participó de la maniobra el periodista de Clarín Daniel Santoro, con sus falsas notas periodísticas. También, por indicación del gobierno, era el acompañante de González a los sets televisivos supervisando su discurso.

El objetivo de fondo era dejar en claro que el gremialismo era una de las mafias que el gobierno de Macri estaba dispuesto a combatir. Ya sin marketing ni cobertura mediática, a 4 años del inicio de este proceso sólo quedan ex funcionarios intentando dar explicaciones de sus actos en los tribunales y la certeza de que el remedio que promovían era mucho peor que la enfermedad que decían combatir.