El principal dirigente de la federación gremial, Walter Correa, sostuvo que la actividad atraviesa por una “gravísima situación” y que existen, en consecuencia, “miles de puestos de trabajo en peligro“. Las bajas de aranceles a la exportación van del 15% al 4,5%.

La exigencia por parte del también diputado nacional del FdT, es que en aras de salvaguardar los casi 22.000 puestos de trabajo actualmente existentes, el Poder Ejecutivo derogue “toda normativa que aliente a la exportación de materia prima (cuero) sin procesar“.

Desde el Secretariado Nacional de FATICA denunciamos la gravísima situación que atraviesa toda la industria del cuero y que pone en peligro las fuentes de trabajo de miles de compañeras y compañeros @dipwaltercorrea @CFTArgentina @seceic @samccueros @soccurtidores pic.twitter.com/BxNb4UFdNA

— FATICA (@faticaprensa) March 31, 2021

Los DNU 549/2020 (exportación de cuero crudo por 60 días ante la acumulación de la materia sin exportar en la industria frigorífica) y 812/2020 (la prórroga del anterior hasta diciembre de 2020) emitidos por el Gobierno ante la emergencia sanitaria, colocó al sector en una “gravísima situación”. Más allá de la creciente normalización de la actividad luego del ASPO, los decretos mantienen en vilo a los trabajadores.

“La industria curtidora tiene capacidad para curtir todos los cueros que se faenan en el país, toda la cadena de valor tiene un perfil netamente exportador, y es de mano de obra intensiva: es decir que crea trabajo y trae divisas“, planteó la entidad. En enero se exportó el 80%.

“Ahora, las mayores exportaciones (de cuero en crudo) no son de los frigoríficos, sino de tres vivos acopiadores, que mandan los cueros a precios vil, para poder cobrar el dólar en negro, aprovechando que la Aduana no tiene valor de referencia, porque no era un material que se exporte, y con escandolosos niveles de subfacturación”, sentenció FATICA en un documento de prensa.

El reclamo del dirigente de la Corriente Federal se extendió a la vez para que se restituyan los “sistemas de reintegros y pagos de derechos” y que se fiscalice inmediatamente “a todos aquellos exportadores que subfacturan, dañando arcas del Estado y destruyendo fuentes de trabajo nacionales”.