La lista de reclamos tiene como base el pago fuera de término de los salarios desde junio, en violación de los artículos 128 y 129 de la Ley de Contrato de Trabajo. También se denunció el incumplimiento del pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente al mes de junio.

Con el paso de los meses, los atrasos salariales se profundizaron y agravaron la situación económica de las trabajadoras, denunciaron desde el sector.

En agosto, el sindicato impulsó una demanda colectiva por los haberes adeudados. Paralelamente, la empresa avanzó con suspensiones injustificadas y descuentos salariales a quienes ejercieron retención de tareas. Estas prácticas violan los artículos 67 y 218 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El conflicto se agravó con el cierre de locales en la provincia de Córdoba. Según denunció el gremio, se realizaron falsas promesas de continuidad laboral. Esta situación configuraría despidos encubiertos y abandono patronal.

Además, se registraron pagos tardíos y fraccionados de las liquidaciones finales. A esto se sumó la falta de aportes previsionales, sindicales y de obra social. Esta irregularidad provocó la pérdida de cobertura médica para varias trabajadoras.

El sindicato también denunció hostigamiento laboral y cambios arbitrarios de horarios. Se señalaron imposiciones de horas extras no remuneradas y presiones para forzar renuncias. Estas prácticas vulneran el deber de trato digno y constituyen un uso abusivo del ius variandi.

En diciembre, la empresa volvió a incumplir con el pago del aguinaldo. Para la entidad gremial, este hecho consolida una conducta reiterada de violaciones a la legislación laboral. El salario, recordaron, tiene carácter alimentario y es esencial para la subsistencia de las familias trabajadoras.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio remarcaron que la mora salarial y la falta de aportes afectan derechos laborales básicos y advirtieron que estas prácticas ponen en riesgo la integridad física, psíquica y social de las trabajadoras. La situación se agrava al tratarse de un colectivo mayoritariamente femenino, con muchas jefas de hogar.

Finalmente, el gremio exigió el cumplimiento pleno de la legislación laboral vigente. También reclamó el cese inmediato de las prácticas persecutorias. Además, solicitó la restitución de todos los derechos vulnerados.