El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, reapareció este viernes en un video difundido desde la clandestinidad y llamó a sostener y ampliar las protestas que desde hace tres semanas mantienen paralizado gran parte de Bolivia, en medio de una creciente tensión social y política.
El dirigente sindical se encuentra con pedido de aprehensión por parte de la Fiscalía boliviana, que lo acusa de delitos vinculados a los bloqueos y movilizaciones que afectan especialmente a las ciudades de La Paz y El Alto. En ese contexto, Argollo denunció una “persecución política” contra la dirigencia obrera y aseguró que continúa en el país.
“Desde la clandestinidad me dirijo a ustedes (…) porque lastimosamente la persecución política del Gobierno ha llegado a la dirigencia. (…) No nos hemos escapado, no nos hemos ido a otro país”, afirmó el líder de la máxima central sindical boliviana en un mensaje difundido en redes sociales.
Las protestas comenzaron con reclamos sectoriales de trabajadores y organizaciones sociales, pero con el correr de los días se transformaron en una fuerte ofensiva política contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, este viernes continuaban activos más de 50 bloqueos en siete de los nueve departamentos del país.
La situación impacta de lleno sobre la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras bolivianos. En las últimas semanas se profundizaron los problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos básicos, mientras el transporte y el comercio funcionan con fuertes limitaciones.
Argollo responsabilizó al Gobierno por la crisis y cuestionó el discurso presidencial del miércoles pasado, en el que el Ejecutivo calificó de “vándalos” a los manifestantes. “Ha sido una provocación”, sostuvo el dirigente sindical, quien además aseguró que las autoridades “no han tenido la voluntad de solucionar los problemas que hoy aquejan a nuestro país”.
Durante la jornada de este viernes, columnas de campesinos, juntas vecinales y afiliados a la COB marcharon hacia las inmediaciones de la Plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano. La protesta derivó en enfrentamientos con efectivos policiales, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La Policía boliviana confirmó que continúa buscando a Argollo, considerado uno de los principales articuladores de las protestas. Mientras tanto, el conflicto abre un nuevo capítulo de tensión entre el movimiento obrero organizado y el Gobierno boliviano, en un escenario marcado por el deterioro económico y el creciente malestar social.

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