Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 y, desde entonces, su situación judicial se sostuvo mediante una sucesión de causas, prisiones preventivas prolongadas y reencuadres procesales. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales al considerar que existía una situación de “extrema gravedad y urgencia”, ordenando al Estado argentino garantizar su vida, integridad personal y salud, y disponer la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario. En la actualidad, el gobierno nacional impulsa la derogación de esas medidas, mientras el estado de salud de la dirigente continúa deteriorándose, al punto de haber requerido internaciones.

En el plano judicial, la justicia de Jujuy condenó a Sala a 13 años de prisión en la denominada “Causa Pibes Villeros”, fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme en diciembre de 2022. A esa sentencia se sumó otra condena de dos años por amenazas. En 2023, un tribunal provincial unificó ambas penas en una condena de 15 años, decisión que posteriormente fue validada por el máximo tribunal. Diversas organizaciones denunciaron que este derrotero judicial configura un patrón de hostigamiento, que incluyó incluso la declaración de “rebeldía” cuando Sala no pudo asistir a una audiencia por encontrarse internada.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas calificaron su detención como arbitraria y reclamaron reiteradamente su liberación.

Al cumplirse una década de su detención, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos renovaron su solidaridad con Milagro Sala, exigieron el cese de la persecución judicial y denunciaron el impacto que esta situación ha tenido sobre su integridad física. El reclamo central, coinciden, sigue siendo el mismo desde hace diez años: su libertad inmediata e incondicional.