Con gran cantidad de documentación como respaldo, el estudio, que prefiere conservar el anonimato pero del que se sabe que está especializado en derecho penal tributario, concluyó prima facie la existencia de evasión fiscal por parte de la empresa, por montos que mensualmente superan largamente el importe previsto en el artículo 7 de la Ley 27.430.

La empresa omite depositar mensual y tempestivamente, con reiteración en el tiempo, la totalidad de los importes que efectivamente retiene a su personal destinados al sistema de Seguridad Social.

Este delito de evasión, de comprobarse ante la Justicia, podría poner en problemas a los directivos porque la ley prevé penas de prisión que oscilan entre los dos y los seis años, y que la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración es personal e individual.

Ciertamente la configuración de actividad delictiva pondrá en jaque toda ayuda proveniente del Estado, así como eventuales facilidades en el pago de deudas que mantengan con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Ello sin duda afectaría la puesta en marcha del fideicomiso, a menos que los inversores o la empresa, con sus directivos investigados, puedan conseguir la necesaria asistencia económica en otro lado.

Los trabajadores han solicitado que el tema sea denunciado en la audiencia dispuesta para el 30 de octubre ante el Ministerio de Trabajo y denuncian que la empresa trata de impedir las asambleas para evitar que en ellas se debata la conducta presuntamente delictiva de los directivos.