Recién llegado a la Casa Rosada y casi tres meses antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, Alberto Fernández dispuso que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a percibir la doble indemnización. El decreto 34/2019 cumplió ayer un año y hace poco fue extendido hasta el 25 de enero. Sin embargo, tanto fuentes oficiales como sindicales, aseguran que hay una negociación en marcha para que la medida, que sirve para blindar el empleo, se prorrogue hasta el primer semestre de 2021.

"Si se levanta la prohibición de despidos sería un desastre", advirtió hace algunas semanas el sindicalista Héctor Daer durante un intercambio con ministros del gabinete de Fernández. Nada cambió hoy para uno de los dos jefes que tiene la CGT. Su intención es pedirle al Gobierno que la medida se mantenga "lo máximo posible". No se tratará de un reclamo aislado, según informaron fuentes sindicales a LA NACION. Será un pedido corporativo, empujado incluso por los gremios moyanistas, que no comulgan con el liderazgo de Daer en la central obrera. Las conversaciones ya comenzaron.

En varias oportunidades, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió "el encarecimiento" de las desvinculaciones, aunque siempre se refirió a una "medida extraordinaria", como también lo es la prohibición de despidos, aún vigente por decreto presidencial. Ambas iniciativas, rechazadas por las principales cámaras empresariales, habilitaron como único atajo para instrumentar suspensiones o rebajas salariales el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que fija una instancia obligatoria de negociación entre los empleadores y el sindicato más representativo.

"Lo ideal sería que la prohibición de despidos y el pago de la doble indemnización se mantengan hasta que la economía vuelva a reactivarse por completo", planteó un jerárquico de la CGT que trabaja con funcionarios del gabinete económico en el lanzamiento del proyecto "Compre argentino", una iniciativa para fomentar la industria nacional e impulsar a las pymes locales.

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, evalúa la extensión de la doble indemnización aunque podría ser con algunas modificaciones, como fijar un tope salarial Fuente: Archivo

Los gremios distinguen en la vacuna contra el coronavirus la salida de la crisis y el principio de un camino de bonanza. Reconocen apenas repuntes en el sector de la construcción y en la industria vinculada a la línea blanca de electrodomésticos. Sin embargo, cualquier mejora no oculta los coletazos que generó la pandemia, que destruyó unos cuatro millones de empleos entre formales, informales y autónomos.

Hace algunas semanas, Daer metaforizó la situación del país como si se tratara de un avión en emergencia. Argumentó que no es momento de quitar abruptamente la ayuda social del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta no acordar con los movimientos sociales ni dar de baja el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) porque peligrarían miles de empleos. Fue una queja al presupuesto que elaboró Guzmán para 2021.

Tras la presión de gremios y movimientos sociales, el Gobierno revisó algunos números y ampliará la ayuda social durante diciembre, con mejoras en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la tarjeta Alimentar, y un bono para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El otro paso, como gesto a la CGT, será prorrogar la doble indemnización, que se daría en tramos. El primero de ellos sería una prórroga por 90 días a partir del 25 de enero, según comentaron fuentes oficiales. Y es posible, además, según lo evalúan en el Ministerio de Trabajo, de fijar un tope salarial del universo que estará comprendido en la medida.

Por: Nicolás Balinotti