Según datos oficiales de seguimiento del salario real, los ingresos del sector están 40,5 % por debajo del máximo registrado en 2011, ubicándose en un piso histórico que profundiza la precarización laboral y la crisis presupuestaria en las casas de altos estudios.

Estos números reflejan, según gremios y especialistas, años de falta de financiamiento y políticas que no respondieron a la inflación ni a las necesidades del sistema universitario.

En este contexto, la entidad que conduce Daniel Ricci ha intensificado su plan de lucha por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero aún sin plena implementación.

El gremio reclama la reglamentación, asignación presupuestaria y aplicación concreta de la norma, que busca garantizar recursos estables para el funcionamiento y desarrollo de las universidades públicas.

En el marco de este reclamo, la FEDUN confirmó la realización de un paro nacional de 24 horas en todo el país, demandando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciando la dilación del Ejecutivo en cumplir la normativa aprobada por el Parlamento.

El sindicato remarcó que, tras años de lucha y manifestaciones públicas en defensa de la universidad pública, el Gobierno continúa sin modificar el rumbo y demora la ejecución de la ley.

Además, desde la organización sindical expresaron que, si el Gobierno no reglamenta ni implementa la Ley de Financiamiento, analizarán la posibilidad de recurrir a la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esta advertencia judicial fue definida durante el Congreso Extraordinario de FEDUN, donde también se ratificó el rechazo al veto presidencial a la norma y se destacó la necesidad de avanzar en unidad con otras organizaciones gremiales y sociales.

Las organizaciones docentes señalan que el problema no es sólo salarial, sino estructural: el constante desfinanciamiento afecta la investigación, la extensión universitaria, el normal desarrollo de las actividades académicas y, en última instancia, el derecho social a una educación pública, gratuita y de calidad.

La lucha por la Ley de Financiamiento aparece así como eje central de una agenda de defensa de la universidad pública, que incluye negociaciones, paros, movilizaciones y potenciales acciones judiciales.

Frente a este escenario, la Federación sostiene que sin financiamiento, sin inversión y sin cumplimiento de la ley, la sostenibilidad de la universidad pública está en riesgo.

La demanda gremial no sólo pone el foco en las condiciones de trabajo de docentes y no docentes, sino también en la continuidad y calidad del sistema universitario argentino, un pilar fundamental para el desarrollo académico, científico y social del país.