Por: Santiago Mayor.

En mayo de 2022, a dos meses y medio de iniciada la invasión rusa sobre Ucrania, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe en el que señaló que en el país se habían perdido 4,8 millones de puestos de trabajo. Asimismo subrayó que de continuar el conflicto, ese número puede llegar a 7 millones.

La destrucción de distintas instalaciones y la ocupación de parte del territorio por el ejército ruso provocó un desplazamiento masivo de la población. Según el mismo documento de la OIT, alrededor de 1,2 millones abandonaron su trabajo escapando de la guerra. Probablemente ese número sea aún más alto en la actualidad, considerando que a comienzos de julio Naciones Unidas calculaba en más de 5 millones los ucranianos que habían abandonado el país y otros 3,5 millones tienen solicitudes de asilo pendientes. Por su parte, de acuerdo a estimaciones del Financial Times, para fin de año, la desocupación puede alcanzar el 25%, un récord para Europa. 

No obstante, no sólo hay menos trabajo sino que las condiciones han empeorado. El portal ucraniano de búsqueda de empleo GRC difundió datos en los que asegura que los salarios cayeron un 10% en promedio respecto a los índices pre guerra. Pero en algunos casos, la caída fue de hasta el 30%.

A la guerra sin derechos

Frente a este escenario -además del reclutamiento masivo para cualquier varón menor de 60 años- el gobierno de Ucrania se propuso avanzar en una agenda de reforma laboral. Aprovechando la Ley Marcial que rige en el país -y que prohíbe las manifestaciones públicas- el Congreso aprobó la ley 2136 que entró en vigencia el 24 de marzo, exactamente un mes después de la invasión. 

La normativa establece, entre otras cosas, que “durante el período de la ley marcial, el empleador tiene derecho a transferir al empleado a otro trabajo que no esté estipulado en el contrato sin su consentimiento”. Asimismo “está permitido despedir a un empleado por iniciativa del empleador durante el período de incapacidad temporal para el trabajo (NdeR: por ejemplo si fue herido o huyó por la invasión), así como durante el período de vacaciones”.

Por otra parte amplía la jornada laboral hasta 60 horas semanales y permite reducir el descanso a solo 24 horas en el mismo período de tiempo. Finalmente habilita a suspender los convenios colectivos vigentes y por lo tanto el aporte sindical que se descuenta de los salarios para financiar las organizaciones obreras.

En paralelo a esta legislación, se introdujo el proyecto de ley 5371 que había sido rechazado en 2021 por los sindicatos. Se trata de un intento de desregulación permanente de las relaciones laborales -más allá de lo que suceda con el conflicto bélico- y se enmarca en el proceso de “reconstrucción” del país una vez que finalice la guerra.

La propuesta fue elaborada por la ONG Oficina de Soluciones y Resultados Simples, creada por el ex presidente georgiano -nacionalizado ucraniano-, Mikheil Saakashvili, junto con las asociaciones empresarias y un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El objetivo, según los defensores del proyecto, es terminar de “des-sovietizar” las normativas laborales.

El texto plantea que aquellas empresas que tienen hasta 250 empleados quedan por fuera del Código Laboral vigente. En su lugar, se podrán realizar contratos individuales con cada trabajador sin ningún tipo de parámetros preestablecidos. Según reseñó el periodista ucraniano Serhiy Guz para OpenDemocracy, esto afectaría a más del 70% de la clase trabajadora del país.

La diputada Ivanna Klympush-Tsintsadze, del partido de centro-derecha Solidaridad Europea, opinó que de aprobarse, se estaría violando la Constitución. “Se ofrecen diferentes leyes laborales para diferentes empleadores. Las personas en los mismos puestos no pueden tener derechos diferentes”, sostuvo. Y añadió: “Adoptar esta política sería un golpe no solo a los derechos laborales de las personas, que ya lo están pasando mal, sino también a nuestras posiciones negociadoras con los europeos”.

“Los empresarios han dado la espalda al diálogo social. Pensamos que era por el inicio de la guerra, y luego resultó que estaban esperando la aprobación de la ley”, completó el cuadro Anton Gorb, dirigente sindical del servicio postal privado más grande de Ucrania, Nova Poshta, y que actualmente sirve como soldado.

Contra la invasión y contra la reforma

La Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU), que nuclea a cinco millones de trabajadores, publicó una declaración el 18 de mayo. Allí cuestionaron que este proyecto se haya presentado “cuando la carga principal de la lucha por la libertad y la independencia de la Patria recae sobre los hombros de la gente común, cuando toda la fuerza y ​​​​la atención del pueblo están dedicadas a esto”. 

“Las asociaciones sindicales nacionales han demostrado oficial y públicamente al presidente de Ucrania, al gobierno, a los jefes de facciones y grupos parlamentarios la posición de millones de trabajadores ucranianos de no aceptar el proyecto de ley 5371, que introduce formas extremas de trabajo, liberalización de las relaciones y discriminación de los derechos de los trabajadores que trabajan para empresas de hasta 250 empleados”, añadieron.

No obstante se mostraron dispuestos a un diálogo para reformar la legislación, pero teniendo en cuenta “las normas internacionales y los estándares sociales definidos por las convenciones de la OIT y los actos legislativos de la Unión Europea (UE)”. Advirtieron que “el incumplimiento de estos principios perjudicará la rápida adhesión de Ucrania a la UE”, algo que “el pueblo ucraniano está tratando de lograr con todas sus fuerzas”.

Un reclamo particular que cobró fuerza durante las últimas semanas es el del Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Ciencia que difundieron un comunicado señalando que es “inadmisible” que durante el verano (que acaba de comenzar en Europa) se suspendan los contratos. Reclaman que se les continúe pagando el salario ante el intento de dejarlos sin ingresos producto del receso escolar.

Por su parte el Movimiento Social, una organización que se autodefine como “socialista democrática” y que apoyó el envío de armas a Ucrania para combatir a Rusia, elaboró una “Lista Negra”  de empleadores. Allí señalaron que “la suspensión de los contratos de trabajo se lleva a cabo de manera selectiva, por lo que quienes expresaron insatisfacción con las condiciones laborales pierden la oportunidad de trabajar en primer lugar”.

El listado incluye compañías que han suspendido unilateralmente la totalidad o parte de los convenios colectivos, o han cambiado sustancialmente las condiciones de trabajo violando incluso las flexibilizadas leyes laborales de Ucrania. Entre las empresas más destacadas aparece la planta de energía nuclear de Chernobyl, la compañía ferroviaria nacional, el puerto de Odessa y el metro de Kiev. 

Más allá de esta disputa con el gobierno, la FPU tiene una posición inequívoca respecto a la guerra. El 30 de junio, en una reunión del consejo de la Federación el presidente Hryhoriy Osovy, expresó su “gratitud y respeto a los valientes soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania”. Además recordó que desde el comienzo de la invasión “los esfuerzos y recursos de los sindicatos” tuvieron como finalidad “la protección de la integridad territorial del Estado y el apoyo a las Fuerzas Armadas”.

Oposición censurada

Desde el golpe de Estado de 2014 y la consolidación de gobiernos pro-europeos se avanzó en una persecución cada vez más fuerte de las organizaciones políticas y de trabajadores que no coincidían con esa mirada. En aquel año se dio la Masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa, en la que grupos de extrema derecha prendieron fuego el edificio asesinando a 42 militantes comunistas.

A esto siguió la proscripción y expulsión del Parlamento de los diputados del Partido Comunista (PC) y dos organizaciones de izquierda en 2015. El PC fue totalmente ilegalizado a comienzos de julio de 2022 cuando el Octavo Tribunal Administrativo de Apelación falló en contra del reclamo de la organización y ordenó la entrega de todos sus activos, incluidos los edificios y fondos, al Estado. Esta decisión judicial se apoya en una ley aprobada en mayo que permite tomar este tipo de acciones contra agrupaciones que tengan un “carácter antiucraniano”. A su vez, en marzo de este año, ya habían sido suspendidas las actividades 11 formaciones políticas calificadas de “prorrusas”.

Esto ha limitado considerablemente la incidencia de la izquierda ucraniana en el movimiento obrero y cualquier tipo de oposición política al gobierno. No obstante, no ha impedido que los sindicatos resistan la reforma laboral que apunta a perjudicar aún más a las y los trabajadores que son quienes están pagando el costo de la guerra.