La medida tendrá una duración de 24 horas y se realizará apenas 18 días antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en un escenario en el que la crisis habitacional se convirtió en uno de los principales temas de la agenda política y social española.

La fecha fue acordada por UGT y CCOO junto con organizaciones que protagonizan las protestas por el acceso a la vivienda. La convocatoria todavía debe completar su ratificación formal por parte de otras organizaciones sindicales.

El paro profundizará una serie de movilizaciones que crecieron durante las últimas semanas por el aumento de los alquileres y los desalojos. Las protestas cobraron mayor intensidad después del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y derivaron en acampadas para reclamar respuestas frente a la emergencia habitacional.

Los sindicatos plantean que la crisis de vivienda se convirtió también en un conflicto directamente laboral debido al porcentaje cada vez mayor del salario que los trabajadores deben destinar al alquiler o a la compra de una propiedad.

La problemática afecta especialmente a los jóvenes. El alquiler promedio en España se ubica en 1.176 euros mensuales, una cifra equivalente al 98,7% del salario mensual promedio de una persona joven, de acuerdo con datos del Consejo de la Juventud de España. A ese escenario se suma un déficit habitacional estimado en alrededor de 750.000 viviendas, que podría superar el millón hacia 2028.

La convocatoria se produce después de que el Congreso rechazara medidas impulsadas para contener desalojos y aliviar la presión sobre los alquileres, una decisión que había llevado a UGT y CCOO a anunciar una profundización de las protestas.

Las centrales también vienen reclamando aumentos salariales y plantean que las mejoras obtenidas mediante la negociación colectiva pierden efectividad cuando el costo de la vivienda crece a un ritmo superior a los ingresos.

La huelga del 11 de noviembre marcará así el regreso de UGT y CCOO a una convocatoria conjunta de paro general. La última medida de estas características impulsada por ambas centrales había sido el 14 de noviembre de 2012, en medio de las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera.