El esquema sindical contra la reforma laboral flexibilizadora pensada por el Gobierno y aprobada por el Congreso nacional va decantando hacia lo judicial, con más de una decena de gremios que presentaron o anunciaron la presentación de amparos y planteos de inconstitucionalidad.

Lo que inicialmente fue una estrategia de la CGT que incluso le valió críticas a la central obrera, a la que se le reclamó más acción directa, mutó en un modelo de «goteo procesal» con cada sindicato encarando su propia presentación en la Justicia.

El plan recibió en pocas semanas el impulso de media docena de fallos de inconstitucionalidad que suspendieron la aplicación de diversos artículos de la norma. Paradójicamente, la mayoría de las primeras sentencias provinieron de acciones individuales de trabajadores por demandas puntuales, a las que la semana pasada se le sumó un fallo a favor de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

Al mismo tiempo, el planteo de la CGT que se metía más con cuestiones «macro» que con quita de derechos -el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires- fue rechazado en Tribunales. El traspaso de la Justicia del Trabajo fue frenado pero por la presentación de la UEJN de Julio Piumato.

Reforma laboral: todos a Tribunales

Diversas organizaciones sindicales decidieron, con asesoría de sus respectivos equipos legales, avanzar con recursos individuales para atacar puntos específicos de la ley, adaptando las demandas a las particularidades de cada sector.

En tan solo una semana, la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) formalizó su expediente, sumando presión a un tablero jurídico que ya cuenta con la UEJN, los pilotos aeronáuticos de APLA, la seccional Neuquén de la Asociación de Trabajadores del Estado, los abogados del Estado nucleados en AGAE, los pesqueros del SIMAPE, y hasta cuerpos colegiados no sindicales, como 29 colegios públicos de abogados de todo el país. Mientras tanto, una decena de organizaciones gremiales más prepara planteos tribunalicios.

Para el arco sindical, estas presentaciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una respuesta orgánica y planificada ante una normativa que consideran “profundamente regresiva” como remarca un jefe sindical.

Los visitadores médicos se sumaron a las presentaciones judiciales contra la reforma laboral.

El argumento central que unifica a estos gremios es la presunta violación del «bloque de constitucionalidad», es decir, la vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual garantiza la protección del trabajo en sus diversas formas, la organización sindical libre y el derecho a la huelga.

Los asesores legales de las entidades sostienen que la nueva ley altera la jerarquía de las normas, pretendiendo que una reglamentación administrativa prevalezca sobre garantías constitucionales y tratados internacionales de rango superior firmados por el país.

La «esencialidad», un punto débil de la ley

La presentación de los visitadores médicos (AAPM) pone el foco en uno de los aspectos más sensibles y controvertidos de la reforma: la restricción drástica de las medidas de fuerza mediante la ampliación arbitraria de los denominados «servicios esenciales».

Según el texto de la demanda, la nueva ley restringe el derecho de huelga para los trabajadores del sector salud bajo una calificación de «esencialidad» que, en la práctica, anula cualquier posibilidad de protesta efectiva al exigir coberturas mínimas del 75%. Para cualquier actividad cuyos francos sean rotativos, ese porcentaje representa el total de los trabajadores que no estén de franco el día del paro.

Para el sindicato, se trata de una estrategia deliberada para desactivar la capacidad de negociación colectiva, dejando a los trabajadores en una situación de total indefensión frente a las cámaras empresariales del sector farmacéutico.

Por otro lado, la preocupación es compartida por gremios de alta especialización como APLA. Esta organización también recurrió a la Justicia para denunciar que la normativa vigente intenta vaciar de contenido la eficacia de las protestas gremiales.

En sintonía con esto, la AAPM advierte en su escrito que las limitaciones al derecho de huelga, combinadas con la nueva facultad otorgada a los empleadores para despedir con causa a quienes participen en acciones que la patronal catalogue como «bloqueos», generan un escenario de extrema inseguridad jurídica.

Según los dirigentes, esta ambigüedad funciona como una herramienta de persecución directa para delegados y trabajadores de base que intenten manifestarse.

¿Más empleo o más fraude?

En el plano económico, uno de los ejes del Ejecutivo para defender la ley es la supuesta creación de puestos de trabajo. Sin embargo, desde el movimiento obrero rebaten esta premisa con fundamentos técnicos.

En las presentaciones judiciales se menciona que la flexibilización de las condiciones de contratación —como la extensión del periodo de prueba o la figura del trabajador independiente con colaboradores— no ha tenido históricamente un correlato real en la generación de empleo genuino.

Por el contrario, los sindicatos argumentan que estas figuras solo sirven para blanquear situaciones de fraude laboral, donde el empleador elude sus responsabilidades de seguridad social y previsión.