La Justicia Federal resolvió dejar sin efecto la intervención de la OSPRERA y restituyó en sus cargos al directorio desplazado en octubre de 2024, en una decisión que marca un antes y un después en la historia institucional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El fallo, dictado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo de Sebastián Casanello también ordenó levantar el congelamiento de las cuentas bancarias del secretario general del gremio, José Voytenco, y puso fin a una de las intervenciones más prolongadas, con nulos argumentos y polémicas sobre una obra social sindical.

En la resolución, el magistrado fue contundente al señalar que ya no se encuentran reunidos los requisitos legales para sostener las medidas cautelares que justificaron el desplazamiento del directorio. En ese sentido, sostuvo que “al día de hoy no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio de la obra social y su consecuente intervención”, y remarcó que el congelamiento de las cuentas personales del dirigente gremial tampoco tenía sustento jurídico actual.

“Nos devuelven una obra social devastada y hecha mierda, fue un daño enorme el que le hicieron a los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país. El fallo es justo pero ahora se viene un tiempo de enormes desafíos para ordenar OSPRERA. Vamos a salir adelante, nuevamente, hemos dado pruebas de lo fuerte que somos los trabajadores cuando nos quieren atacar”, infló el pecho Voytenco en dialogo con Sonido Gremial, en uno de los primeros y únicos contacto con los medios.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el severo cuestionamiento al fundamento penal que dio origen a la intervención. La causa se inició bajo la hipótesis de lavado de activos, pero el juez advirtió que el avance de la investigación es prácticamente inexistente. Según la resolución, “tan solo se cuenta con un informe de inteligencia elevado por la UIF y sobre él no se produjeron diligencias de investigación”, lo que reduce de manera sustancial la verosimilitud del derecho exigida para sostener una medida de semejante impacto institucional.

Además, el fallo subraya que la propia Superintendencia de Servicios de Salud —organismo que impulsó y defendió la intervención— reconoció que la situación crítica inicial de OSPRERA fue superada durante el proceso interventor. El informe oficial da cuenta de una reducción significativa del déficit, la renegociación de deudas millonarias y la normalización de procesos administrativos y prestacionales. Para el juez, este nuevo escenario debilita el argumento del “peligro en la demora” que había sido utilizado para justificar la continuidad de la intervención.

En un párrafo de fuerte contenido gremial, la resolución reafirma un principio central del derecho sindical: “los sindicatos y sus obras sociales gozan de protección contra cualquier tipo de injerencia arbitraria”. Bajo esa premisa, el magistrado remarcó que cualquier decisión que afecte la conducción de una obra social sindical debe atravesar un estándar de control más estricto, por el impacto directo que tiene sobre la libertad y la autonomía sindical de los afiliados.

Si bien el fallo ordena la restitución plena del directorio y el cese de la intervención, la Justicia dispuso la designación de un veedor judicial por 90 días, dependiente de la Superintendencia de Servicios de Salud, con funciones de control y seguimiento del flujo de fondos y el cumplimiento normativo. Se trata de un mecanismo transitorio que busca garantizar estabilidad institucional sin vulnerar el autogobierno del sindicato.

La decisión judicial representa uno de los fallos más importantes en la extensa historia de UATRE, no solo por el impacto institucional sino también por el mensaje político que envía: la Justicia trazó un límite claro a la avanzada del Gobierno sobre las obras sociales sindicales, debilitando una estrategia que buscó sostener la intervención aun cuando los propios informes oficiales daban cuenta de la superación de la crisis. En ese marco, la restitución de OSPRERA se consolida como un antecedente clave en la disputa entre el Estado y las organizaciones sindicales por el control de sus estructuras de salud.