Desde la organización sindical advirtieron que la medida constituye una nueva barrera de acceso a la salud pública y ratificaron su defensa de un sistema sanitario universal y gratuito.

La resolución tiene especial impacto en el Hospital Posadas, uno de los principales centros de atención general del país, ubicado en el oeste del conurbano bonaerense, una región con una importante población migrante.

Mirtha Jaime, presidenta de CICOP-Posadas, rechazó el cobro y sostuvo que la atención sanitaria debe garantizarse independientemente de la situación migratoria. “En el Hospital Posadas decimos que no al cobro de la atención de los extranjeros sin residencia en el país. Ante todo, son seres humanos. Nosotros estamos por la universalidad de la atención en la salud pública y por la gratuidad”, afirmó.

La dirigente cuestionó además las prioridades del Gobierno nacional y consideró que el debate sobre el cobro a extranjeros desplaza la atención de la crisis que atraviesa el sistema sanitario. “Esto es otra cortina de humo. Mientras tanto, se están muriendo pacientes que no tienen acceso a la salud pública, faltan recursos humanos y continúan los despidos”, señaló.

En ese sentido, Jaime aseguró que el Hospital Posadas ya acumula más de 300 despidos y denunció que en los últimos días se produjeron otros 64 cesanteados.

Desde Fesprosa también advirtieron que exigir el pago en el momento de la atención puede convertirse en una barrera concreta para quienes necesitan asistencia médica. La organización sostuvo que las eventuales compensaciones entre países deberían canalizarse a través de los mecanismos de cooperación y reciprocidad existentes, sin trasladar el costo directamente a los pacientes.

Jaime aseguró, además, que la cantidad de pacientes sin documentación que actualmente concurren al Posadas disminuyó considerablemente y reclamó que la discusión sanitaria se concentre en el deterioro presupuestario, la falta de personal y las dificultades de acceso a la atención.

“Mientras se seca el presupuesto y esta debacle sanitaria sigue profundizándose, el Gobierno sale a decir ‘cobrémosles a los extranjeros’. Nosotros vamos a seguir defendiendo la salud pública gratuita y de calidad”, concluyó.

Fesprosa reclamó la derogación de la Resolución 1066/2026 y ratificó su posición en favor de un sistema de salud público, gratuito y universal, al considerar que el acceso a la atención sanitaria debe ser garantizado por el Estado.