A través de distintos comunicados, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) repudiaron la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana y avanzó sobre la conducción metalúrgica encabezada por Abel Furlán.

“El objetivo de este gobierno estaba claro: destruir los salarios y a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores”, señalaron desde el FreSU, espacio que nuclea a más de 140 organizaciones sindicales y que comenzó a reunirse en la sede de la UOM tras la asunción de Javier Milei.

Según denunciaron, la ofensiva judicial ocurre luego de que la UOM se colocara “a la cabeza de la lucha contra la regresiva reforma laboral” y en medio de las negociaciones salariales del sector metalúrgico, golpeado por la caída del poder adquisitivo y la retracción industrial.

“La intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores”, sostuvo el sindicato metalúrgico en un comunicado difundido tras el fallo. Allí, la organización aseguró que la medida “avasalla la autonomía” sindical y constituye “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria” para “disciplinar a la UOM y debilitar su capacidad de lucha”.

Desde la conducción metalúrgica recordaron además que Abel Furlán fue reelecto en la seccional Campana con el 85% de los votos y posteriormente ratificado como secretario general nacional durante el Congreso de la UOM realizado el 18 de marzo, donde obtuvo el respaldo del 80% de los electores.

Las críticas también apuntaron contra los jueces Víctor Pesino y María Dora González, firmantes del fallo. Tanto la UOM como el FreSU remarcaron que se trata de los mismos magistrados que recientemente habilitaron la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

“Menos de 24 horas después, el gobierno de Javier Milei recompensó al juez Pesino con cinco años más en su cargo”, denunciaron desde el frente sindical, en referencia a la extensión de funciones del magistrado pese a haber superado el límite etario de 75 años.

En paralelo, las dos CTA difundieron un documento conjunto donde calificaron la intervención como “una medida arbitraria y antidemocrática que avanza sobre la autonomía sindical y desconoce la voluntad soberana de las y los trabajadores metalúrgicos”.

“No se trata solamente de una decisión jurídica: es un acto político que desconoce la legitimidad del proceso electoral”, afirmaron Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, secretarios generales de ambas centrales.

El texto también vincula la ofensiva judicial con el contexto económico y social actual. “La intervención sobre la UOM ocurre precisamente cuando el gremio enfrenta a las principales patronales del sector en defensa del salario y las condiciones laborales”, remarcaron.

La conducción metalúrgica advirtió que no aceptará “mansamente esta avanzada” y convocó al conjunto del movimiento obrero a defender al sindicato. “La UOM tiene 83 años de historia construidos con lucha, organización y conciencia obrera. Sobrevivimos a dictaduras, persecuciones y políticas de entrega. Y también vamos a derrotar este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial”, sostuvo el gremio.El conflicto se produce en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y los sindicatos, marcado por el ajuste económico, la pérdida salarial acumulada y las reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo nacional. Organizaciones sindicales ya anticipan nuevas acciones y movilizaciones en defensa de la autonomía gremial y contra lo que consideran una ofensiva para “disciplinar” al movimiento obrero argentino.