La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) ratificó su reclamo por una urgente recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo. En la última audiencia, el gremio insistió en que los sueldos actuales resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas. Sin acuerdo a la vista, se fijó una nueva reunión paritaria para el 8 de octubre, que aparece como una instancia clave para destrabar el conflicto.

Ante la falta de avances, la organización sindical declaró el estado de alerta y anticipó posibles movilizaciones hacia la Cámara Empresaria FIPAA. En caso de no recibir respuestas concretas, podrían implementarse medidas de acción directa en distintas plantas del sector.

La FTIA rechazó de plano las ofertas patronales, consideradas muy por debajo de la pérdida real del salario. El gremio advierte que detrás de estas propuestas se encuentra la presión del gobierno nacional, decidido a imponer un techo salarial bajo el argumento de controlar la inflación.

El rol de la FIPAA y el bloqueo empresarial

La cámara empresaria ha sido señalada como un obstáculo central en la negociación. Sus propuestas, que apenas se traducen en aumentos simbólicos, profundizaron la bronca sindical y tensaron el diálogo. Para los trabajadores, aceptar esos números implicaría una nueva vuelta de tuerca en el proceso de empobrecimiento.

Alimentación en pie de guerra por la actualización de los salarios.

El conflicto trasciende lo estrictamente económico: se vuelve un símbolo de la pulseada entre un sector patronal alineado con las políticas de ajuste y un gremio que busca defender la dignidad del salario.

El trasfondo económico de la negociación está marcado por la decisión oficial de no actualizar los salarios como una forma de contener la inflación. Esta política, que busca frenar la suba de precios sacrificando el poder adquisitivo de los trabajadores, tiene un efecto inmediato sobre el consumo interno: las familias reducen gastos básicos, cae la demanda en supermercados y comercios, y se profundiza la recesión en sectores ligados al mercado interno. El resultado es un círculo vicioso donde los trabajadores son los primeros en ajustar, mientras las grandes empresas trasladan aumentos a precios y sostienen márgenes de rentabilidad.

El gobierno de Milei bajo la lupa

La crítica política apunta directamente al Ejecutivo. La FTIA denuncia que el gobierno de Javier Milei interfiere en las negociaciones para limitar las subas salariales. Bajo el pretexto de cuidar la estabilidad inflacionaria, se presiona para que los aumentos no superen cifras mínimas, cercanas al 1 %.

Esta estrategia se complementa con la utilización de las cámaras empresarias como brazo ejecutor de esa política, disfrazando la injerencia estatal con un supuesto “libre juego de partes”. El discurso oficial de austeridad contrasta con los casos de irregularidades y corrupción que golpean a la administración, como el escándalo por los millones de kilos de alimentos almacenados sin entregar a los comedores populares.

La paradoja es evidente: se recorta en áreas sensibles como salud, educación o asistencia social, mientras se pide a los trabajadores que moderen sus reclamos salariales, aun en un escenario de precios desbocados.

Una pulseada que marca tendencia

El gremio de Alimentación es estratégico por el peso de su actividad en la canasta básica. Una derrota en esta paritaria abriría la puerta a replicar techos en otros convenios colectivos. La FTIA busca evitarlo con movilización, visibilidad y presión sostenida.

El riesgo, advierten analistas, está en el desgaste prolongado y en eventuales maniobras de intervención o judicialización sindical que limiten la capacidad de respuesta gremial. Aun así, la contradicción entre un ajuste que golpea a los sectores populares y un Estado que tolera gastos y privilegios opacos juega a favor de la legitimidad del reclamo.

La FTIA marchó a la sede de la cámara empresaria (FIPAA) en reclamo de salarios.

La negociación salarial de Alimentación se ha transformado en un termómetro de la crisis social y política del país. El gremio no busca un plus, sino recuperar lo perdido. Lo que ocurra el 8 de octubre no sólo definirá el bolsillo de miles de trabajadores, sino que sentará un precedente para el resto del movimiento obrero en un contexto de neoliberalismo duro y creciente conflictividad.