La Asociación del Personal Legislativo, conducida por Norberto Di Próspero, declaró el estado de alerta y movilización ante lo que considera una maniobra administrativa para suprimir la Dirección de Personal del Honorable Senado de la Nación y concentrar sus funciones en una “Super Dirección General de RRHH”. APL apunta contra dos funcionarias del Congreso.

El gremio prácticas desleales y persecutorias contra los trabajadores legislativos, al vulnerar la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, una norma que el Gobierno quiere derogar o reducir a su máxima expresión, y  que garantiza la estabilidad laboral y la libertad sindical.

También señaló que la maniobra viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege la estabilidad del empleo público, así como los Convenios 151 y la Recomendación 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a las relaciones laborales en la administración pública.

Denuncia contra funcionarias del Senado

El comunicado de APL identifica como responsables de la iniciativa a funcionarias que encabezan la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Auditoría, Normativa y Tesorería, acusándolas de intentar concentrar el manejo administrativo y político del personal, marginando a la Dirección de Personal históricamente reconocida, a cargo de Mónica Nieto. La señaladas por el gremio legislativo son la Directora General de RR.HH., Alejandra Figini, y la Directora de Auditoría, María Eugenia Tasende.

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Según el comunicado difundido durante los últimos días, estas acciones desalientan el clima laboral, generan incertidumbre y persiguen fines ajenos al funcionamiento institucional del Senado, lo que para la conducción sindical representa “una afrenta directa a la organización gremial y a los derechos de los trabajadores legislativos”.

Ante este panorama, APL resolvió mantenerse en estado de alerta y movilización, convocando a los trabajadores legislativos a estar atentos a las medidas que disponga la conducción gremial.

La Comisión Directiva adelantó que evaluará acciones gremiales y judiciales para garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan los derechos laborales y la inmunidad sindical.

Convenios internacionales vulnerados

La Asociación del Personal Legislativo (APL) fundamentó su reclamo en el C.151 y la Recomendación 159 de la OIT, ambos vinculados a las relaciones laborales en el sector público.

El Convenio 151, adoptado en 1978 y ratificado por la Argentina en 1988, garantiza el derecho de los trabajadores de la administración pública a organizarse sindicalmente, negociar condiciones de empleo y protegerse frente a actos de discriminación antisindical. Establece además que los empleados públicos deben gozar de protección adecuada contra cualquier injerencia que limite su autonomía o debilite su representación gremial.

La R.159 complementa ese marco al promover mecanismos de negociación colectiva, diálogo permanente y resolución pacífica de conflictos entre el Estado y las organizaciones de trabajadores del sector público.