En la entrada del complejo Parque Norte se destaca un inmenso retrato de Armando Oriente Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que envidiaría el propio Luis XIV para su Palacio de Versalles. Pero entonces no existían las gigantografías ni las luces de neón. Además de falta de modestia, ambos tendrían otra cosa en común. Mientras el rey Sol fue el monarca que durante más años reinó en Europa (70 años), “el Gitano” fue uno de los dirigentes que más años estuvo al frente de una organización gremial en Argentina (40 años). Todo lo vio, todo lo conoció, con todos colaboró y todo lo consintió.

Luego de un año de silencio, critica al Gobierno por limitar la libertad de las partes al acordar, en un convenio colectivo, un aumento salarial superior a las pautas oficiales. “No se negocia en libertad”, se queja. Un reclamo libertario acorde con los tiempos que corren. “A la vejez, viruela”, diría una abuela. Para peor, presagia el fin del plan económico pues –a su juicio– no basta con bajar la inflación si no hay crecimiento. Parece olvidar que la pobreza alcanzó el 53% al cabo de la última gestión kirchnerista, que apoyó, y que se ha reducido al 38% por haberse bajado la inflación. Esa era la principal urgencia. Cavalieri ahora reclama crecimiento para mejorar los ingresos de la clase media. Desde sus épocas en la CGT hasta su apoyo a Cristina Kirchner y sus secuaces, siempre se alió a quienes llevaron al país a las peores crisis económicas. Sabe que solo habrá crecimiento cuando se reduzca el riesgo país y aumenten las inversiones. Es decir, el riesgo de que el peronismo –donde milita él mismo– vuelva en 2027.

Su mandato vitalicio ha sido renovado diez veces desde 1985 pues no existe norma que limite su duración, como ocurre con otros funcionarios electivos. A falta de esa obligación, quienes están en el poder y manejan los recursos, se perpetúan en los cargos. La ley Mucci de democratización sindical, impulsada por Raúl Alfonsin en 1983, fue rechazada por el Senado peronista y la eternización en los cargos continuó, hasta ahora. ¿No se negocia en libertad? ¿Y cuándo la habrá para que nuevos dirigentes reemplacen a los eternizados “gordos”?

¿No se negocia en libertad? ¿Y cuándo la habrá para que nuevos dirigentes reemplacen a los eternizados “gordos”?

En cada etapa, Cavalieri logró obtener beneficios para el gremio que no lo fueron para los trabajadores y mucho menos, para el país. Las siete hectáreas de Parque Norte en una ubicación privilegiada de la Costanera, le fueron “vendidas” por el Estado Nacional por decisión de su amigo, Carlos Menem, en 1998. La justicia federal resolvió que el precio había sido razonable, aunque en la compra no hubo licitación ni subasta. Poco espacio quedaba para el magistrado en un pleito donde debía juzgar al presidente de la Nación y al gremialista más poderoso, en un tema espinoso.

Desde hace 80 años, cuando el gobierno militar del GOU sancionó la ley de asociaciones profesionales (decreto 23.852/45), similar a la Carta del Lavoro fascista de Benito Mussolini (1927), se otorga personería gremial a un solo sindicato por rama de actividad. Ello ha impedido la negociación por empresa o por regiones o por cantidad de empleados. Esa férrea centralización corporativa ignora particularidades y politiza las negociaciones desconociendo la libertad de los asalariados para ser representados por otros más próximos a sus realidades. ¿No se negocia en libertad? Empecemos por descentralizar la representación gremial.

Así como Juan Domingo Perón introdujo la personería gremial única, el general Juan Carlos Onganía quiso apoyar al disidente Augusto “Lobo” Vandor para crear un “peronismo sin Perón” dándoles a los sindicatos las obras sociales. Han transcurrido ya 55 años de ese monumental desvío de fondos, que nunca pudo ser alterado, pues es una caja útil para el peronismo. Sin embargo, todo aporte no voluntario, impuesto por una ley, es público y el Estado tiene la obligación de auditar su utilización. Eso jamás se ha hecho a pesar de que las obras sociales sindicales, siempre en crisis financieras, compran y refaccionan inmuebles, contratan obras y pactan servicios con sobreprecios para obtener gigantescos retornos. Es una reforma estructural pendiente: esa masa de recursos no debe ser gestionada por sindicatos, corruptos y politizados, sino por entes confiables o por las propias provincias. La misma Osecac –la obra social mercantil– ha sido objeto de denuncias judiciales, pero, como ocurrió con el predio de Parque Norte, siempre fueron archivadas. Todo empleado debe tener derecho a destinar sus aportes a los agentes de salud de su preferencia y no estar cautivos de “gordos” que engordan sus patrimonios. ¿Cuál es la libertad de elección que tienen los empleados de comercio?

¿No se negocia en libertad? Empecemos por descentralizar la representación gremial

En la Argentina los convenios colectivos de trabajo han creado aportes forzosos como si fuesen leyes del Congreso. Detrás de ello ha estado el Ministerio de Trabajo, históricamente cooptado por el peronismo, al igual que buena parte de la justicia laboral. El primero los homologa. La segunda los convalida. Por eso los empleados no afiliados están obligados a realizar aportes solidarios al gremio. ¿No se negocia en libertad?

La gravitación sindical sobre el Ministerio de Trabajo se manifiesta en la reiterada homologación de cláusulas que exceden las facultades de las partes y perjudican el bien común. El reciente decreto 149/2025 termina con los aportes obligatorios para financiar institutos de “capacitación” creados de esa manera. Cifras millonarias transferían las empresas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para sufragar el Instituto Argentino de Capacitación Profesional para el Comercio (Inacap). Ese aporte compulsivo fue acordado en 2008, con la bendición del entonces ministro Carlos Tomada, entre Armando Cavalieri y Osvaldo Cornide, su contraparte en las paritarias, para estrechar vínculos y facilitar sus componendas. Es un aporte patronal, pero al incrementar el costo laboral también encarece la contratación de empleados. ¿No se negocia en libertad? ¿Qué beneficios obtienen estos de un aporte que encarece el empleo regular?

Todo empleado debe tener derecho a destinar sus aportes a los agentes de salud de su preferencia y no estar cautivos de “gordos” que engordan sus patrimonios

El sempiterno Cavalieri ya tenía experiencia ganada en otro caso plagado de irregularidades que tratamos en un editorial anterior. En 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, se firmaron dos carillas y media mecanografiadas, entre el sindicalista y tres cámaras empresarias, creando un retiro complementario para los empleados de comercio, con un aporte forzoso del 3.5% de los empleadores. Lo homologó un director nacional en cuatro días hábiles, entre gallos y medianoche. Pocos días después, Cavalieri acordó con la Banca Nazionale del Lavoro (grupo asegurador Juncal y La Estrella) otorgarle, en forma directa y exclusiva, ese negocio que aún subsiste y que también encarece el empleo regular. ¿Cuál es la libertad de los empleados de comercio para guardarse ese dinero en su bolsillo o elegir otro retiro complementario, si lo deseasen?

La crisis de la Argentina es muy profunda y no solamente se refleja en la inflación. Durante décadas se han corroído las instituciones, quebrado los lazos sociales y demolido las bases de la educación formal y el empleo regular. No es posible lograr mayores ingresos si primero no se recrea la confianza, sin la cual no habrá inversiones y con ellas, aumentos de productividad. Cavalieri, con su experiencia y veteranía, al borde de cumplir 90 años, bien podría ir más lejos con su afán libertario y dejar como legado una visión más adecuada a estos tiempos para focalizarse en la creación de empleo, en lugar de repetir consignas que lo han destruido. Quizás ese mismo día caiga el riesgo país y el temor de los inversores quede aventado. Y su gran retrato de Parque Norte será visto como homenaje a un sindicalista que aprendió de sus errores.