El Gobierno nacional apelará las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación de aspectos centrales de la reforma laboral vinculados al financiamiento de las organizaciones sindicales, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) avanza en la organización de un nuevo esquema de medidas de fuerza inspirado en el denominado "modelo francés".
Las presentaciones judiciales del Ejecutivo buscarán revertir los fallos que beneficiaron a los sindicatos de Camioneros y de Empleados del Vidrio, que dejaron sin efecto la aplicación de artículos de la Ley 27.802 referidos a los aportes y contribuciones sindicales. En la Casa Rosada consideran que la resolución de estas causas será clave para el futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
En paralelo, la conducción de la CGT intensifica el diseño de su estrategia de protesta. La central obrera tiene previsto mantener reuniones durante los próximos días para coordinar un plan de acción basado en huelgas escalonadas por sectores de actividad, movilizaciones y otras medidas de fuerza, una modalidad que los dirigentes gremiales identifican como "paros a la francesa".
El objetivo de la central sindical es sostener el nivel de conflictividad mediante protestas sucesivas que afecten distintas actividades, evitando por el momento convocar a un paro general de 36 horas. La intención es mantener la presión sobre el Gobierno de forma prolongada, con acciones coordinadas entre los distintos gremios.
De este modo, el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero suma un nuevo capítulo. Mientras el Gobierno apuesta a que la Justicia habilite la plena vigencia de la reforma laboral, la CGT se prepara para responder con un plan de lucha que buscará incrementar la presión política y sindical en rechazo a las modificaciones impulsadas por la administración nacional.
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