Los equipos técnicos del Gobierno preparan medidas para aflojar las restricciones que impone la cuarentena en sectores productivos y de la economía. El objetivo es que durante la vigencia del aislamiento social obligatorio algunas actividades puedan recobrar movimiento y alejar el fantasma del quebranto y las cesantías masivas, como puso al descubierto el despido anunciado por Techint de 1.450 obreros de la construcción. La posible flexibilización cuenta con el aval de las cámaras empresarias y la CGT y tiene como portavoces centrales en el Ejecutivo a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Ninguno de ellos, hasta este fin de semana, tenía certeza sobre el temperamento que adoptará Alberto Fernández al respecto.

Se trata de un intento de plan que requerirá sintonía fina: sin violar la cuarentena se buscará ampliar las exenciones para que más empresas estén habilitadas a reanudar sus producciones y servicios y a llamar a sus trabajadores a prestar tareas. Aunque el esquema tiene el visto bueno de la “mesa chica” de la CGT su puesta en práctica demandará una ingeniería política para no empujar a dirigentes sindicales díscolos a la confrontación abierta con el argumento de protección para sus afiliados.

Ese escenario fue uno de los ejes del encuentro que mantuvo un puñado de sindicalistas el viernes con el ministro Moroni en el gremio de Sanidad. Además del dueño de casa y cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, estuvo su compañero en el binomio al frente de la central, Carlos Acuña (estacioneros), Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Hugo Benítez (textiles, AOT) y Carlos Frigerio (cerveceros). Hacia el final los sindicalistas le pidieron al ministro tramitar una reunión urgente con Alberto Fernández.

El diagnóstico en común fue dramático. En un repaso groso modo los presentes señalaron que entre 4 y 5 millones de trabajadores están en sus casas sin prestar tareas y admitieron que el Estado no podrá sostenerlos a todos. En esa línea el sábado Daer y Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) coincidieron en AM 750 que el Gobierno deberá analizar una flexibilización de la cuarentena incluso en sectores cuyas actividades no sean consideradas esenciales. “No existe Estado que pueda auxiliar a 5 millones de confinados”, dijo Daer en esa oportunidad.

Martínez, por su parte, evitó confrontar con Techint, el mayor conglomerado industrial de la Argentina y que el viernes había confirmado la cesantía de 1.450 de sus afiliados. A diferencia de Alberto Fernández, que llegó a tildar de “miserables” a los empleadores que produjeran despidos en medio de la pandemia, el líder de la Uocra sostuvo que la del grupo fue una decisión económica, desprovista de presiones políticas. Martínez no había estado en Sanidad el día anterior porque de hecho se encontraba en medio del anuncio de Techint. Hoy el gremio y la compañía se reunirán en el Ministerio de Trabajo.

Además de las posibilidades de aflojar la cuarentena en la reunión con Moroni los dirigentes aceptaron como alternativa avanzar en esquemas de pagos parciales para los trabajadores eximidos de concurrir a sus puestos laborales. El mayor fantasma a contrarrestar, además de una quiebra generalizada de la economía, es la utilización del artículo 221 de la ley de Contrato de Trabajo que instaura el concepto de “fuerza mayor” como ordenador de las relaciones laborales en situaciones de crisis extremas.

“Las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas podrán extenderse hasta un plazo máximo de setenta y cinco días en el término de un año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta. En este supuesto, así como en la suspensión por falta o disminución del trabajo, deberá comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterase el orden de antigüedad”, señala la norma.

Ese artículo comenzó a ser esbozado por abogados de empresas para dejar en suspenso a trabajadores y pagos de sueldos. Para los asesores de gremios, en cambio, el concepto de “fuerza mayor” puede ser esgrimido por un sector afectado por una situación de crisis puntual o por una empresa imposibilitada de producir por razones externas durante una cantidad extendida e tiempo pero no por todas las empresas durante toda la duración de la pandemia. Es, en todo caso, el round de una pelea que la CGT prefiere diferir lo más posible.