El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. La medida forma parte de la política oficial de reorganización de las estructuras estatales y establece un mecanismo de desvinculación con compensaciones económicas diferenciadas según la situación de cada agente.

El programa comprende al personal de planta permanente alcanzado por la Ley 25.164 y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos, entre otros, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el personal de Inteligencia y del Servicio Exterior, y determinados trabajadores de orquestas, coros y dependencias en el exterior.

Uno de los puntos centrales del decreto es que los cargos de quienes adhieran al régimen deberán ser eliminados una vez concretada la desvinculación. De esta manera, las vacantes no podrán utilizarse como fundamento para nuevas incorporaciones.

Tres grupos de trabajadores y diferentes compensaciones

El esquema establece tres categorías, definidas según la edad y los años de aportes previsionales de cada trabajador al 31 de octubre de 2026.

El primer grupo comprende a mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 años que no cuenten con los aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria. Estos agentes podrán optar por una prestación mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual, durante un máximo de 36 meses, con los aportes patronales correspondientes, o por una gratificación extraordinaria sujeta a los límites establecidos en la normativa.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. El tercer grupo, por su parte, comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años.

Para estos dos últimos segmentos se prevé una gratificación extraordinaria calculada, en términos generales, sobre la base de un sueldo bruto por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, con adicionales que varían según la antigüedad y los topes previstos por el régimen.

En cuanto a la modalidad de pago, las gratificaciones que no superen los $20 millones se abonarán en un solo desembolso. Si exceden ese monto, se pagarán en cuotas mensuales y consecutivas de hasta $20 millones cada una, con un máximo de tres cuotas.

Cuándo se podrá solicitar el retiro

El período de adhesión se extenderá del 1 al 30 de noviembre de 2026, inclusive. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá disponer una única prórroga, por un plazo máximo de 30 días corridos.

La presentación de la solicitud no garantiza la aprobación del retiro. Las autoridades competentes podrán rechazarla por razones vinculadas con la continuidad de los servicios públicos y tendrán un plazo de 40 días corridos para resolver. Si no existe una respuesta expresa dentro de ese período, la solicitud se considerará denegada y el trabajador continuará en funciones.

Para calcular la antigüedad reconocida se computarán los servicios acreditados en planta permanente de la Administración Pública Nacional o mediante contratos por tiempo indeterminado. Quedarán excluidos, entre otros, los períodos como becario, personal transitorio, contratos bajo el artículo 9 de la Ley 25.164 y locaciones de servicios sin relación de dependencia.

La restricción para volver a trabajar en el Estado

Una de las condiciones más relevantes del programa es la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años para quienes accedan al retiro voluntario. La restricción comprende las distintas modalidades de contratación y las designaciones políticas, incluidas las asesorías de gabinete