La Ley de Presupuesto 2026, recientemente promulgada, formaliza un esquema económico en el que el ajuste fiscal aparece como la herramienta central de política pública, apoyado en una proyección oficial de inflación en torno al 10% anual y en el compromiso de alcanzar un resultado financiero superavitario. El texto aprobado fija un gasto total de $148 billones y parte del supuesto de que la estabilidad de precios se logrará principalmente mediante la reducción del rol del Estado en áreas clave.

Uno de los capítulos más sensibles es el ajuste en educación, ciencia y tecnología. El Presupuesto elimina, a partir de 2026, los artículos que obligaban al Estado a invertir un piso del 6% del PBI en educación, así como los mecanismos de financiamiento garantizado para la ciencia, la tecnología y la educación técnica. Si bien se asignan partidas nominales —por ejemplo, $4,78 billones para universidades nacionales—, la derogación de esos pisos legales implica que el financiamiento deja de estar atado al crecimiento de la economía y queda sujeto a la discrecionalidad presupuestaria anual, en un contexto de inflación proyectada del 10% que licúa el gasto real.

En materia de empleo público, la ley establece la prohibición de cubrir vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete y refuerza el control centralizado sobre las dotaciones del Estado. Este mecanismo, combinado con aumentos salariales implícitos alineados a la pauta inflacionaria oficial, configura un ajuste indirecto: no se anuncian despidos masivos, pero sí un achicamiento progresivo del Estado a través de la no reposición de personal y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos.

El presupuesto se apoya en una lectura donde la inflación y el ajuste fiscal están directamente vinculados. El equilibrio de las cuentas públicas se presenta como condición excluyente para sostener la desaceleración inflacionaria, aun cuando eso implique resignar inversión pública, limitar el gasto social y reducir la presencia estatal. En ese marco, el superávit proyectado se construye más por contención del gasto que por expansión de la actividad económica o mejora de los ingresos.

Este enfoque tiene consecuencias directas sobre el rol tradicional del Estado y la noción de justicia social. La retracción del gasto en educación, ciencia y empleo público impacta sobre los mecanismos históricos de movilidad social y de reducción de desigualdades. El Presupuesto 2026 no solo ordena números: redefine prioridades y consolida un modelo en el que el Estado deja de ser un actor activo en la promoción del desarrollo y la equidad, para convertirse en un administrador austero cuya principal función es garantizar el equilibrio fiscal.