La Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas 7 de Julio presentará un planteo judicial sobre la inconstitucionalidad del artículo 55 de la llamada Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, al considerar que el mecanismo de actualización que establece para los juicios laborales en trámite reduce de manera sustancial el valor real de los créditos que reclaman los trabajadores. El reclamo tiene el objetivo de que la norma sea declarada inaplicable en un caso concreto.

Según el escrito a presentar ante la Justicia, la norma dispone que los créditos derivados de relaciones laborales pendientes de sentencia se actualicen mediante intereses calculados con la tasa pasiva del Banco Central, con topes vinculados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa del 3% anual. Para la parte demandante, este esquema termina provocando una pérdida significativa del valor de los montos reclamados en los procesos judiciales.

En el documento se sostiene que el sistema previsto por la ley produce una “licuación” del crédito laboral, ya que la tasa de interés aplicada sería inferior a la inflación registrada en los últimos años. De acuerdo con el planteo, esto generaría una transferencia patrimonial desde el trabajador hacia el empleador, quien se beneficiaría con la depreciación monetaria durante el tiempo que dura el juicio.

La presentación también argumenta que la norma vulnera diversos principios constitucionales, entre ellos el principio protectorio del trabajo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva. Asimismo, cuestiona la aplicación retroactiva de la norma a juicios ya iniciados, lo que afectaría derechos adquiridos por los trabajadores.

Otro de los puntos señalados en la impugnación es que el artículo establece un límite por el cual las sumas actualizadas no pueden superar el 67% del cálculo realizado con IPC más una tasa del 3% anual, lo que, según el planteo, implicaría una reducción de hasta un 33% del valor real de los créditos laborales originados en años de alta inflación.

Frente a este escenario, la parte actora solicita al tribunal que declare la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad del artículo 55 de la Ley 27.802 en el caso concreto y que se disponga un mecanismo de actualización que garantice la preservación del valor real del crédito laboral reclamado. Además, deja planteada la reserva del caso federal, lo que permitiría llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el reclamo no sea admitido en instancias inferiores.