Este martes, un sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevó adelante una medida de fuerza que afecta a más de 50 líneas, en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

"Ante la arbitraria e injustificada decisión de un grupo de trabajadores del transporte automotor de pasajeros de convocar a una medida de fuerza, la CNRT tomará medidas sancionatorias", aseguró el ente regulador.

Y añadió que la convocatoria al paro "ha sido parcial y reducida a un grupo de líneas pertenecientes al Grupo Dota, y frente a la falta de fundamentos, se tomarán medidas ante el incumplimiento de la obligación empresaria en las líneas afectadas".

Por su parte el ministro de Transporte, Mario Meoni le dijo a los periodistas acreditados de la Casa Rosada, al retirarse tras una reunión, que "No hay una legitimidad en términos legales para el conflicto que se está dando en distintas líneas, que son solo de una empresa; aunque obviamente impacta sobre muchos ciudadanos y es lo que nos preocupa".

El secretario General de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo que "La UTA no avala las supuestas protestas, convocadas en un difícil momento de la vida económica nacional y en el contexto de un gobierno que recién inició su mandato. Sorprende la actitud de esa oposición, por lo que Trabajo deberá intervenir y aplicar todo el peso de la ley. El gremio ya acordó el aumento y sus fechas".

Fernández apuntó también contra la empresa DOTA, al señalar que "hay gerentes de esa empresa monopólica que quieren conducir a la organización gremial a través de pseudo dirigentes".

"DOTA es responsable y algunos de sus gerentes son cómplices. Esta empresa monopólica tiene varias líneas, es dueña de la fábrica de chasis AGRALE, tiene su mutual y compañía de seguros, pero le hace falta tener a la UTA para culminar con el combo", indicó.

Por último, el dirigente gremial agregó que "el paro inconsulto pone en peligro las fuentes laborales de cientos de choferes, porque este accionar es contrario a la ley ya que no pueden arrogarse representación sindical alguna".

"Lo de Fernández es una mentira histórica. Los trabajadores perdieron un 50 por ciento del poder adquisitivo salarial y la responsabilidad es de la conducción. Esa pérdida es retroactiva al gobierno del PRO, con el que Fernández fue cómplice", había dicho Miguel Ángel Bustinduy para justificar el sostenimiento de la medida de fuerza.