Un documento firmado por Brey, quien integra el consejo directivo de la CGT, aseveró que el anuncio del DNU permitió "ser testigos del más grave atropello a la Constitución y a la división de poderes desde la recuperación de la democracia", ya que el presidente Javier Milei "se arrogó facultades propias de sistemas absolutistas y totalitarios".

"El decreto pasó de forma absoluta por arriba a los Poderes Legislativo y Judicial al resolver de manera unilateral la eliminación de trascendentales derechos laborales, sociales, culturales y ambientales. Arrasa con más de un siglo de conquistas y derechos de los trabajadores y los deja librados a su suerte ante el mercado, lo que genera una relación de fuerzas dispar y validada por una medida presidencial", afirmó.

Para Brey, la modificación del Código Aeronáutico y la implementación de la política de cielos abiertos es "la amenaza más directa a las fuentes de trabajo que se haya enfrentado", y explicó que "la apertura del mercado doméstico a líneas aéreas extranjeras, con personal foráneo, es el camino directo a la destrucción de la industria aerocomercial argentina, ya que se trata de una política predatoria ya impuesta en Chile, Perú y Ecuador, lo que provocó absoluta precarización y flexibilización de la actividad".

Añadió que "los países económicamente más desarrollados protegen en cambio de forma fuerte a sus aerolíneas y la soberanía de sus cielos", y reseñó que "la virtual eliminación de las indemnizaciones por despido, el aval tácito al trabajo no registrado o precarizado o el ataque a sindicatos y obras sociales es contemplado en la medida".

Brey enfatizó sobre Aerolíneas Argentinas que tampoco pudo escapar de "esa ofensiva ante un Estado que se aparta por completo del rol que debe cumplir como regulador y garante de la equidad en las relaciones entre la sociedad; y resigna las ideas de soberanía nacional e impulsa la entrega de las tierras y recursos naturales al mejor postor".

Aseguró que bajo "el pretexto de "entregar" la compañía a los trabajadores y prepararla para una pronta privatización se esconde el desfinanciamiento y la condena final a la empresa, de la cual dependen más de 12 mil familias", y explicó que "las experiencias cercanas como las de Varig y Pluna, ya desaparecidas, son útiles para dimensionar la gravedad de la situación que implica la medida anunciada por Milei".

El dirigente reclamó a los legisladores y a la justicia que "pongan ya un claro y rotundo límite a este avasallamiento del Gobierno" porque su deber "es sostener la República y detener un claro acto de absolutismo, propio de una tiranía".