El documento, titulado “Una reforma de regresión laboral”, sostiene que la iniciativa “no moderniza el mercado de trabajo, sino que consolida un retroceso histórico en derechos laborales” .

Según el informe, uno de los puntos más críticos es la descentralización de la negociación colectiva, que habilita a las empresas a firmar convenios con salarios y condiciones peores que los acordados a nivel de actividad. “Los salarios de las categorías más bajas de los convenios ya están por debajo de la línea de pobreza y la reforma busca reducir aún más ese piso”, advierten los autores.

El trabajo también señala que la reforma hace que el Estado termine financiando los despidos. A través de la reducción de contribuciones patronales, se crearían fondos para pagar indemnizaciones, lo que implicaría una pérdida fiscal estimada en 2.500 millones de dólares anuales, un monto equivalente a unas 500 mil jubilaciones mínimas por año. “El Estado deja de recaudar para sostener la seguridad social y asume, con recursos públicos, el costo de los despidos”, subraya el informe.

Otro eje central es el ataque a la organización sindical. El CETyD alerta que el proyecto “busca ahogar financieramente a los sindicatos y limitar su capacidad de acción”, dificultando el cobro de cuotas, reduciendo aportes a las obras sociales y restringiendo el derecho de huelga. De aprobarse la reforma, el porcentaje de trabajadores del sector privado con el derecho a huelga limitado pasaría del 7% al 43%, al ampliarse de manera masiva la nómina de actividades consideradas esenciales.

El documento también cuestiona la legalización de formas de fraude laboral, al invertir la presunción de relación laboral y validar contrataciones por monotributo o locación de servicios aun cuando exista dependencia real. En la misma línea, excluye a los trabajadores de plataformas digitales de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolos sin derechos básicos como vacaciones, licencias o aportes jubilatorios. “La reforma convalida la precariedad y la gestión algorítmica sin ningún tipo de protección”, señala el informe.

Desde el CETyD remarcan que no existe evidencia empírica que vincule reformas flexibilizadoras con mayor empleo. Por el contrario, citan estudios internacionales y del propio FMI que muestran que este tipo de cambios aumentan la desigualdad. “El principal determinante del empleo siempre es la actividad económica, no la reducción de derechos”, concluyen.

El informe cierra planteando que otra reforma laboral es posible, basada en la generación de empleo de calidad, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la protección de los trabajadores. “Este proyecto no resuelve los problemas del mundo del trabajo, los agrava y pretende disciplinar a los trabajadores”, advierten los autores, y llaman a abrir un debate que tenga como eje el trabajo digno y el desarrollo productivo .