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SEBASTIÁN PREMICI

Las negociaciones paritarias fueron y son claves para evitar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados formales, sobre todo en contextos de alta inflación como el actual. También juega un rol clave la orientación del Estado nacional en relación a la política de ingresos para proteger a los trabajadores informales o los beneficiarios de la AUH y otros planes que carecen de instancias de negociación. Esta es una de las principales conclusiones del trabajo “Los ingresos populares en un régimen de alta inflación”, publicado por Fundar. En este escenario, sus autores plantean la necesidad no solo de fortalecer los instrumentos colectivos como las paritarias sino también lograr algún grado de institucionalización para las mejoras en el resto de los programas de ingresos. Y, con la mira puesta en 2024, avanzar en un plan anti inflacionario para que los ingresos no solo les empaten a la suba de precios sino para que haya una recomposición real y sostenida.

“La fragmentación del mercado de trabajo posneoliberal y la creciente heterogeneidad de ingresos entre diferentes colectivos de trabajadores/as implican que el simple funcionamiento de paritarias libres (idea que es innegociable desde la perspectiva progresista) sea, a diferencia de la etapa de industrialización sustitutiva con pleno empleo, insuficiente para garantizar un mínimo de igualdad social. Las heterogeneidades en el mercado de trabajo (tanto estructurales como políticas) no hacen más que potenciarse en un régimen de alta inflación, lo que dificulta la construcción política de un horizonte de redistribución y mejoras para las clases subalternas como un todo”, puede leerse en el trabajo firmado por Sebastián Etchemendy, Federico Pastrana y Joan Manuel Vezzato.

El empleo en 2022 creció 1,8 puntos porcentuales, alcanzando el 44%, mientras que el desempleo cayó a 6,8%, con una contracción de 2 puntos porcentuales. Este comportamiento estuvo acompañado de una expansión del empleo asalariado registrado del sector privado del 4,4%. Sin embargo, la tasa de empleo no registrado (asalariados) no sólo se mantuvo alta (36,7%) sino que creció 4,1 puntos.

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Para los investigadores de Fundar, este es parte del escenario de heterogeneidad que habría que encauzar en los próximos años, con el foco puesto en un plan anti inflacionario.

Las paritarias

“A pesar de la percepción generalizada en el debate público, en los últimos dos años el salario real no cayó sino que se estancó”, sostienen los investigadores. Es decir, si bien los ingresos serían bajos en términos históricos, sería loable destacar que a pesar del proceso inflacionario, los ingresos no retrocedieron, solo le empataron a la inflación. Como contra partida, bajo el gobierno de Cambiemos, entre 2016 y 2019, los salarios de los trabajadores registrados perdieron un 12%.

“En los últimos años se evidenció la combinación de una política salarial gubernamental laxa y pasiva, que respondió positivamente a los reclamos salariales y no los intentó conducir, sumado al impulso de bonos compensatorios y un cambio de comportamiento en las negociaciones. Este punto resulta de gran relevancia, porque da cuenta de la importancia de los factores institucionales en la determinación de los ingresos”, puede leerse en el trabajo citado.

“La orientación política del Estado es clave para encausar las negociaciones, también el lugar que se ocupa en el mercado laboral donde existen sindicatos más fuertes que otros. De todas maneras, la clave pasa por fortalecer las discusiones paritarias y todos los ámbitos donde se debatan políticas de ingresos, institucionalizarlas”, explicó Federico Pastrana, economista e investigador asociado del área de Trabajo e Ingresos de Fundar, en diálogo con El Destape.

A mediados de 1950, con las políticas del primer peronismo, los puestos laborales tendieron a ser de alta calidad, con un promedio salarial decente para las condiciones de vida de la época. Hasta la década del ´80 había bajos porcentajes de pobreza e indigencia pero con el menemismo todo se revirtió.

En este escenario, pensar que los derechos sociales, como las jubilaciones, las obras sociales y los salarios dignos solo pueden garantizarse a través de las negociaciones paritarias podría ser erróneo. “Existen seis millones de personas que no forman parte del empleo registrado, sumado a las mujeres dedicadas a las tareas del cuidado. Con las paritarias, que hay que sostenerlas, quedan muchos afuera. Si un sector de la población no puede acceder a la jubilación por el tipo de trabajo que posee, habría que revisar ciertas configuraciones institucionales”, opina Sandra Guimenez, Doctora en Ciencias Sociales por la UBA e integrante del Observatorio de Economía Política de Ciencias Sociales.

Vale decir que la AUH pudo implementarse cuando el Gobierno de CFK recuperó los recursos de las AFJP. “Fue una decisión osada. Por lo tanto, un planteo podría ser cómo hace el Estado para hacerse de una masa de dinero que permita financiar las jubilaciones futuras. Los recursos están, se observa en las ganancias de las grandes empresas. Por eso habría que retomar la discusión sobre el aporte de las grandes fortunas, o que los derechos de exportación sean un elemento redistributivo”, enfatizó Giumenez.