La Justicia decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores para Lácteos Verónica, una de las empresas más importantes del sector lácteo argentino, según informó Clarín. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 17, Secretaría N.º 34, a cargo del juez subrogante Horacio Robledo, formalizó el proceso que la firma había solicitado a finales de agosto, marcando el inicio de una etapa crucial para la histórica compañía santafesina propiedad de la familia Espiñeira.

El fallo calificó el proceso como un “Gran Concurso” debido a la magnitud de la crisis: la empresa denunció aproximadamente 829 acreedores. Según los registros del Banco Central, Lácteos Verónica arrastra una deuda de $3.931 millones con entidades financieras y acumula 3.476 cheques rechazados por un monto superior a los $12.683 millones. A esta compleja situación financiera se suman más de 20 pedidos de quiebra que ahora se concentrarán en este mismo expediente, junto con los reclamos salariales de cientos de trabajadores.

El impacto sobre el empleo y la producción es crítico. La empresa paralizó sus actividades y el pago de salarios a sus 700 trabajadores desde enero de este año, aunque en la actualidad su plantel se redujo a unos 360 empleados. De sus tres plantas en Santa Fe, solo la de Suardi se encuentra operativa, realizando trabajos a fasón para la firma cordobesa Copalac con un equipo reducido. Las plantas de Clason y Lehmann permanecen inactivas, aunque trasciende que esta última podría reactivarse mediante un contrato de fasón con la empresa Santa Clara para la producción de leche en polvo. Tanto Suardi como Clason cuentan con precontratos de venta a las firmas Cotalac y Lacterra, respectivamente, una cuestión que deberá resolverse en el marco del concurso.

El magistrado dispuso la designación de dos sindicaturas: una general, encargada del control de la actividad y la situación patrimonial, y otra verificante, responsable de las verificaciones de créditos. Asimismo, se estableció un cronograma detallado que marca los tiempos del proceso: el 3 de febrero de 2027 vence el plazo para verificar créditos, el 27 de abril se presentará el informe individual de la sindicatura, el 24 de junio se dictará la resolución judicial sobre los créditos y el 9 de diciembre será la fecha límite para hacer públicas las propuestas de acuerdo, con un período de exclusividad que se extiende hasta el 7 de febrero de 2028.

Como medida precautoria, el juez decretó la inhibición general de bienes de la empresa, ordenando su inscripción en los registros de propiedad, incluyendo marcas y patentes, y requirió información histórica sobre los bienes actualmente registrados a nombre de Verónica y aquellos que hubieran sido de su titularidad con anterioridad. Con este panorama, el futuro de una de las principales lácteas del país queda ahora en manos de la Justicia, que deberá equilibrar la protección de los acreedores, la continuidad de las fuentes de trabajo y la viabilidad de una empresa clave para el entramado productivo lácteo.