La Justicia laboral ordenó a la fabricante de neumáticos FATE pagar aproximadamente $1.200 millones en salarios adeudados a trabajadores despedidos tras el cierre de su planta de San Fernando, anunciado en febrero de 2026. La resolución alcanza a cerca de 200 operarios y dispone la transferencia de los fondos correspondientes a los haberes devengados entre marzo y junio.

La medida fue adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 17, en cumplimiento de una resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Se trata de una nueva decisión judicial en el marco del conflicto que mantiene la empresa con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y los trabajadores que permanecen en las instalaciones de la fábrica.

El pago se realizará con fondos previamente embargados a la compañía. En abril, la Justicia había dispuesto un embargo cercano a los $3.000 millones por el presunto incumplimiento de obligaciones salariales y de la conciliación obligatoria. En mayo se concretó una primera ejecución de aproximadamente $500 millones para cancelar haberes adeudados de febrero y marzo.

Diferencias por los montos y los trabajadores alcanzados

La nueva resolución se produjo después de que el sindicato y la empresa presentaran posiciones contrapuestas sobre el alcance de los pagos. Mientras la representación gremial reclamaba alrededor de $1.800 millones, FATE sostenía que correspondían unos $600 millones. Finalmente, la Justicia determinó una suma de $1.200 millones.

Eduardo Penello, abogado del SUTNA, explicó que la decisión establece una fecha concreta para el pago de los salarios pendientes hasta junio y señaló que continúa la discusión sobre la cantidad de trabajadores comprendidos en el reclamo.

Desde la empresa, en cambio, afirmaron que la medida corresponde a un remanente de haberes que ya se encontraban contemplados en el período alcanzado por las decisiones judiciales. Según su interpretación, el pago comprende a 187 personas y no modifica lo resuelto anteriormente sobre el conflicto.

La compañía también sostuvo que, una vez cumplida esta disposición, no quedarán obligaciones laborales pendientes, dado que afirma haber abonado las indemnizaciones y los montos correspondientes a los acuerdos alcanzados con los trabajadores.

El sindicato reclama la continuidad de los pagos

El SUTNA, encabezado por Alejandro Crespo, mantiene su reclamo por los salarios de los trabajadores afectados por el cierre de la planta. La organización busca extender el reconocimiento de los haberes adeudados más allá de junio y cuestiona la validez de los despidos, al considerar que la empresa habría incumplido las obligaciones asumidas en el marco del conflicto.

El gremio también pretende incorporar al reclamo a quienes aceptaron acuerdos de retiro voluntario. Su argumento es que esas desvinculaciones se produjeron bajo presión económica y con la fábrica cerrada, por lo que busca que se revise la validez de esos acuerdos.

La controversia tiene como antecedente un convenio firmado en mayo de 2025 entre FATE y el sindicato, que establecía condiciones de estabilidad laboral hasta el 30 de junio de 2026. Según el criterio judicial expuesto en las resoluciones anteriores, ese compromiso debe analizarse junto con los beneficios impositivos que la empresa recibió en el marco del acuerdo.

Un conflicto que continúa abierto

El cierre de la planta de San Fernando y la desvinculación de más de 900 trabajadores desencadenaron un prolongado conflicto laboral. Desde entonces, un grupo de operarios mantiene un acampe en las instalaciones para reclamar por sus fuentes de trabajo y el pago de los salarios que consideran adeudados.

La disputa también llegó al ámbito judicial por la permanencia de los trabajadores en el predio. En septiembre se dictó una orden de desalojo que posteriormente quedó suspendida tras la concesión de un recurso de casación, mientras continúa la discusión sobre el fondo de la cuestión.

La nueva orden de pago representa un avance para los trabajadores comprendidos en la resolución, aunque no resuelve el conjunto de los reclamos sindicales ni la controversia sobre los despidos.

El caso de FATE se desarrolla, además, en un escenario de retroceso del empleo registrado y cierre de empresas. Para los trabajadores y el sindicato, el eje central sigue siendo la defensa de los puestos laborales y el cumplimiento de las obligaciones salariales; para la empresa, la cuestión pasa por concluir los pagos y acuerdos que considera pendientes.