La iniciativa, impulsada por la gestión de Axel Kicillof a través del Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, contempla el acceso a cobertura médica y seguros por accidentes, mayor transparencia en la determinación de los ingresos, mejores condiciones en los centros de reparto y una línea de microcréditos para el mantenimiento de motos, bicicletas y otras herramientas de trabajo.

El ministro Walter Correa cuestionó la falta de regulación nacional y sostuvo que "el gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho". En ese sentido, agregó: "La Provincia viene participando de este debate global en la Organización Internacional del Trabajo y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto. Lo que buscamos es que quienes hoy no tienen ningún tipo de derecho cuenten con un piso mínimo de protección".

Uno de los principales ejes del proyecto apunta a regular el funcionamiento de los algoritmos que organizan el trabajo y determinan el valor de cada viaje o entrega. Desde el Gobierno bonaerense señalaron que actualmente esos criterios no son transparentes para quienes prestan el servicio, lo que limita la posibilidad de reclamar o negociar condiciones laborales.

La propuesta también establece que las denominadas "tiendas invisibles" deberán contar con sanitarios, agua potable, espacios de descanso, puntos de carga para teléfonos celulares y resguardo frente a las condiciones climáticas, todo bajo la fiscalización del Ministerio de Trabajo. Además, prevé la creación de una aplicación oficial con botón de emergencia en salud y seguridad, asesoramiento sobre derechos laborales y acceso a trámites vinculados con la actividad.

El proyecto incorpora las recomendaciones debatidas en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea que las plataformas digitales actúan como organizadoras del trabajo y que la protección social y los costos laborales deben ser asumidos por las empresas. También toma como referencia regulaciones ya implementadas en países como España y México.

La iniciativa encuentra además respaldo en el denominado "fallo Rappi" de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ratificó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas digitales y reafirmó el principio de que la realidad de la relación laboral prevalece sobre la denominación contractual utilizada por las empresas. De aprobarse, la norma convertiría a la provincia de Buenos Aires en una de las primeras jurisdicciones del país en establecer un marco específico de protección para quienes trabajan mediante aplicaciones digitales.