La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para tratar el próximo jueves la ratificación del acuerdo que establece el traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo al Poder Judicial porteño. Si el proceso avanza según el cronograma previsto, la nueva estructura podría comenzar a recibir causas a partir de febrero de 2027.

El proyecto será tratado sobre tablas y constituye uno de los pasos necesarios para poner en funcionamiento el esquema acordado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad. La Legislatura debe formalizar la adhesión porteña al convenio luego de que el Congreso avanzara con su aprobación en el marco de la reforma laboral.

La transferencia no implicaría el traslado inmediato de todos los expedientes actualmente radicados en los tribunales nacionales. El esquema prevé que las causas iniciadas antes de la puesta en funcionamiento del nuevo fuero continúen en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su finalización, mientras que los nuevos conflictos pasarían a tramitarse ante los tribunales porteños.

La estructura inicial del fuero laboral de la Ciudad estará integrada por diez juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones conformada por dos salas. El diseño ya había sido establecido por la Ley 6789, sancionada por la Legislatura en diciembre de 2024. Documentación oficial de la Ciudad confirma esa estructura y señala que la creación del fuero se vincula con el proceso de consolidación de la autonomía judicial porteña.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura porteño avanzó con los concursos para cubrir los cargos y elevó a la Legislatura los pliegos correspondientes a 21 postulantes, entre jueces de primera instancia y de Cámara, fiscales y asesores. El tratamiento de esas designaciones ya comenzó en el ámbito parlamentario.

El financiamiento, uno de los puntos pendientes

Uno de los principales interrogantes que todavía rodean la puesta en marcha del nuevo fuero es el financiamiento. El convenio contempla que el Estado nacional transfiera los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios, pero resta precisar cómo se instrumentará esa transferencia y cuál será el esquema definitivo para sostener el funcionamiento de la nueva estructura judicial.

El nuevo fuero tendrá competencia principalmente sobre los conflictos individuales derivados de las relaciones laborales que correspondan al ámbito porteño. Las cuestiones vinculadas con la actividad sindical y las relaciones colectivas de trabajo continuarán bajo jurisdicción federal, según el esquema informado para la transferencia.

Fuerte resistencia judicial y gremial

El avance del traspaso se produce en un contexto de fuerte controversia institucional. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó acciones judiciales para cuestionar la transferencia, mientras que magistrados y organizaciones vinculadas con la Justicia Nacional del Trabajo también manifestaron reparos respecto del proceso.

La disputa judicial no es nueva. La Ley 6789, que creó el fuero laboral porteño, fue objeto de una medida cautelar que suspendió su implementación. Posteriormente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal mantuvo esa suspensión mientras continúa el debate sobre la constitucionalidad de la transferencia y las condiciones institucionales necesarias para concretarla.

Desde el Gobierno porteño, en cambio, sostienen que la transferencia forma parte del proceso destinado a completar la autonomía judicial de la Ciudad y permitir que los conflictos laborales vinculados con su jurisdicción sean atendidos por tribunales propios.

Si la Legislatura ratifica el convenio, se completan las designaciones y se resuelven los aspectos presupuestarios pendientes, la expectativa oficial es que el nuevo fuero laboral porteño comience a funcionar en febrero de 2027.