Los altibajos en la salud de Hugo Moyano aceleraron drásticamente las peleas familiares por la caja y el poder. La disputa se convirtió en una preocupación adicional en la cima del Gobierno. Funcionarios de alto rango asisten desde hace semanas a las gestiones desesperadas por un auxilio económico a la obra social del gremio, la viga maestra de los negocios del imperio camionero desde hace por lo menos dos décadas.

Cinco de los seis hijos de Moyano cortaron relación o tomaron sugestiva distancia de Liliana Esther Zulet, la esposa del patriarca de 78 años y madre de Jerónimo, el último en incorporarse a la mesa de los herederos y que de a poco gana espacio e influencia. De cepa empresarial, fue Zulet la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Gran parte del poder que construyó Moyano se debe al asesoramiento de ella, según coincidieron fuentes del entorno familiar, del sindicato y empresarios que los frecuentan.

En su último mano a mano con el Presidente, Hugo Moyano pidió reinstaurar el régimen de fomento de la profesionalización del transporte de cargas (Refop), eliminado por Cristina Kirchner y que compensaba a los empresarios con una devolución de lo pagado en concepto de contribuciones patronales a la seguridad social. La demanda fue con el argumento que con los fondos se prevé socorrer a la obra social. Antes de la pandemia, en 2018, la prestadora médica de los camioneros perdía $1500 millones anuales y desde entonces hasta hoy es solventada con dinero del sindicato, según fuentes gremiales. Moyano ya le había advertido a Alberto Fernández de este déficit en una dura carta con reclamos, enviada el año pasado a la Casa Rosada. La factura también le cayó a Axel Kicillof, a quien le recordó haber contratado a sueldo a mil profesionales en la obra social para montar 330 camas de cuidados intensivos en el Sanatorio Antártida con el fin de reforzar el sistema sanitario bonaerense.

La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet dos hijos que tiene de otros matrimonios y que en 2018 blanquearon 1.100.000 dólares, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Iarai fue creada en 2003, en plena expansión del poder gremial y económico de Moyano, y no tuvo deudas hasta ahora, cuando arrastra un pasivo de $87.552.000 con el sistema financiero. Aconra (una constructora) y Dixey (de industria textil), otras dos empresas de Zulet y sus hijos que hacen negocios con el sindicato, tienen deudas, aunque de montos mucho menores: $221.000 la primera y $204.000 la segunda.

Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual diputada nacional Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Dixey, de hecho, declaró ante la AFIP como uno de los domicilios alternativos una propiedad en Parque Leloir, Ituzaingó, que supo ser el punto de encuentro de la familia ensamblada cuando aún asomaba lejana la posibilidad de pensar el reparto de la herencia. Los millonarios vínculos comerciales entre el gremio y la familia política serían la viga maestra que sostiene los negocios del camionero desde, al menos, 2011 hasta ahora, según se desprende de un borrador que la UIF blandía como prueba en 2018, durante el macrismo, para presionar al sindicalista. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el juez Claudio Bonadio y sigue ahora en la oficina de Julián Ercolini.

Si Moyano falleciera hoy, una parte de los bienes y el control económico del gremio quedarían en manos de Zulet y sus hijos. Es por eso que Pablo Moyano, el número dos del sindicato y el heredero natural, no se habla con la esposa de su padre desde hace años, según contaron en su entorno. En el ajedrez familiar, Pablo tiene como aliada a Karina Eva, a cargo de la Secretaría de Género y muy involucrada en la vida interna del gremio. Paola, la otra de las hermanas y que estuvo casada con Claudio “Chiqui” Tapia, no posee injerencia alguna en Camioneros, pero a la ahora del reparto jugaría junto con ellos. Distinto es lo que podría pasar con Facundo y Hugo (h.), que son fruto de otro matrimonio y que conocieron a sus medios hermanos de jóvenes. A ellos los deja hoy algo tranquillos: no figurarían en ninguna de las operaciones inmobiliarias y transferencias de fondos que la Justicia y la UIF tuvieron alguna vez bajo la lupa. Es decir, si se reactiva alguna vez el expediente podrían dormir sin problemas.

En la foto de los hermanos quedó aislado Jerónimo, que aún vive con sus padres en el departamento de Barracas. Tiene 20 años y se convirtió en el secretario privado de Hugo, tanto en el gremio como en Independiente. Es muy familiero y supo ser un imán para reunir a sus medios hermanos, tanto a los Moyano como a los Zulet. Pero desde que recrudeció la disputa interna se quedó solo. Facundo y Huguito ya ni siquiera lo invitan a los picados de fútbol y mucho menos lo llevan con ellos a Mar del Plata, su ciudad natal. Los Moyano por un lado y los Zulet por el otro.