La presidencia de la Cámara baja tiene abierta una lista de retiros voluntarios para que aquellas personas que ya cuenten con 30 años de aportes y que tengan entre 60 y 65 años puedan optar por una jubilación anticipada.

Según las fuentes consultadas, hay entre 300 y 400 empleados de planta que reúnen estas condiciones.

Las autoridades de la Cámara baja estiman que la planta permanente, que asciende a 5.589 personas, es demasiado abultada y genera un cuello de botella que impide que a los nuevos diputados se les apruebe la cantidad de contratos políticos que necesitan para darle volumen a su labor legislativa.

En las últimas décadas, muchos contratados lograban el pase a planta permanente a partir de favores políticos hacia los dirigentes que los nombraron, pero al mismo tiempo los nuevos diputados conseguían fondos para traer gente propia, de manera que el personal de la Cámara baja fue in crescendo año tras año.

El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, apunta a poner un freno a una situación que definen como “desbordante”, y en ese sentido incorporó tecnología que le servirá para depurar la planta y así liberar fondos ociosos para otros fines. Para ello cuentan con un guiño del gremio de Personal Legislativo, APL.

En paralelo, con la utilización de un sistema de datos biométricos, la Cámara de Diputados identificó a 190 empleados de planta permanente que no fueron nunca a trabajar en los dos últimos meses.

A 160 de los empleados que no concurrían a su lugar de trabajo ya se les inició el trámite de cesantía, mientras que otros 30 presentaron su renuncia.

El control de presentismo, que en Diputados se instrumentó el 1 de noviembre pasado, se aplica por medio de un sistema biométrico de identificación de la huella dactilar, tanto en el ingreso como en la salida del personal, y contempla la planta permanente y la transitoria.

A partir de ese sistema, se registraron alrededor de 700 irregularidades, y a 370 personas fueron intimadas con carta documento.