El salario mínimo perdió 38% de su poder de compra durante el gobierno de Milei y ya no cubre ni una cuarta parte de la canasta básica

El salario mínimo perdió 38% de su poder de compra durante el gobierno de Milei y ya no cubre ni una cuarta parte de la canasta básica

El deterioro del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se profundizó durante la gestión de Javier Milei y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Según un estudio de la El deterioro del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se profundizó durante la gestión de Javier Milei y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

Según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el ingreso mínimo perdió el 38% de su poder adquisitivo en los últimos dos años y medio y acumula una caída del 66% desde 2011., el ingreso mínimo perdió el 38% de su poder adquisitivo en los últimos dos años y medio y acumula una caída del 66% desde 2011.

Desde el 1 de junio de 2026, el salario mínimo quedó fijado en $367.800, una cifra que apenas alcanza para cubrir el 25% de la Canasta Básica Total que, de acuerdo con el INDEC, superó los $1,46 millones para una familia tipo. El informe señala que la actualización del SMVM se ubicó sistemáticamente por debajo de la inflación, profundizando la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores con menores ingresos.

Los datos elaborados por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (Ceheal) muestran que, medido a valores constantes de abril de 2026, el salario mínimo llegó a representar $1.059.903 en 2011. En la actualidad, equivale a poco más de un tercio de aquel poder adquisitivo.

La caída se aceleró durante la administración libertaria. Mientras el salario mínimo registró una suba nominal del 136% desde diciembre de 2023, la inflación acumulada en el mismo período rondó el 312%, generando un fuerte retroceso en términos reales. Al asumir Milei, el SMVM equivalía a unos $589.124 actuales, cifra muy superior a la vigente.

El estudio también cuestiona el funcionamiento del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las negociaciones entre empresarios, sindicatos y el Estado no lograron acuerdos en las últimas convocatorias y el Gobierno terminó definiendo los aumentos de manera unilateral.

Ángel Cerra, investigador del Ceheal, sostuvo que la pérdida del salario mínimo responde a una decisión política orientada a reducir el gasto público vinculado a prestaciones sociales. “En los últimos dos años el salario mínimo ha descendido mucho y esto se debe a ciertas razones, como por ejemplo que muchos índices, como la jubilación mínima para los que tienen 30 años de aporte, las becas Progresar o ciertas asignaciones familiares, están atadas al salario mínimo. Entonces el Gobierno, como una estrategia para disminuir ciertos gastos, ha dejado congelado el salario mínimo a niveles ridículos”, afirmó.

La relevancia del SMVM excede a quienes perciben ese ingreso. Su valor funciona como referencia para negociaciones salariales, programas sociales, becas educativas, asignaciones y subsidios. Por esa razón, su deterioro impacta de manera directa sobre millones de trabajadores, jubilados y beneficiarios de políticas públicas.

La comparación histórica refleja la magnitud de la pérdida. Cuando el salario mínimo fue instituido en 1964 durante el gobierno de Arturo Illia, su equivalente actualizado rondaría hoy los $1,8 millones. Con ese ingreso podían adquirirse aproximadamente 130 kilos de carne, mientras que actualmente alcanza para unos 20 kilos. También permitía cubrir casi dos meses de alquiler promedio, frente a los apenas diez días que puede financiar en la actualidad.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo debe garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, transporte, vestimenta, esparcimiento y previsión para los trabajadores. Sin embargo, los especialistas advierten que el monto vigente se encuentra cada vez más lejos de cumplir con esos objetivos y de asegurar un piso de ingresos compatible con las necesidades básicas de una familia trabajadora.

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