“Luchar sirve” es un lema muy conocido que se aplican en las importantes conquistas sociales y los docentes, estudiantes, nodocentes y las personas de a pie que apoyaron el reclamo por la aplicación de Ley de Financiamiento Universitario lo que demostraron una vez más, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno a pagar un aumento salarial superior al 50 %, elevar el presupuesto para becas y llamar a paritarias.

De esta manera, el máximo tribunal del país le dio la espalda al recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo nacional luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal convalidó la reglamentación aprobada por el Congreso de la Nación en agosto pasado.

La decisión de la CSJN trasciende el convenio firmado entre las autoridades nacionales y el sector universitario el último 10 junio, donde acordaron un aumento por debajo a lo que expresaba la ley y dejaron afuera la actualización de la Beca Progresar.

En ese marco, los gremios del sector relacionados a los establecimientos de educación superior anticiparon que exigirán una recomposición salarial del 32,5%.

A propósito, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emilio Yaccobitti, declaró que “hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

Mediante un posteo en X, agradeció a “una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos”. “Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, expresó.

¿Qué decidió la Corte?

En su determinación, obliga a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario que dispone pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y aumentar las Becas Progresar.

Cabe recordar que el entendimiento firmado solamente contempló las Becas Manuel Belgrano.

La propuesta en el acta acordada fue un aumento salarial del 24,33%: 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre. Esta actualización contempla la recomposición de 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo de 2024. Esta es la principal diferencia con la ley aprobada y sostenida por el Congreso, en la que se reconocía más dinero, ya que se hablaba de una recuperación salarial desde el 1° de diciembre de 2023.

Asimismo, otorgó un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. 

La cuestión de fondo

Igualmente, la constitucionalidad es la esencia del proceso judicial y eso lo analiza el juzgado de primera instancia de Martín Cormick, que está próximo a resolver, ya que la Corte sólo resolvió rechazar el recurso extraordinario contra la medida cautelar al afirmar que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable. 

A propósito, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, consideró que “es un gran paso y una respuesta que la comunidad universitaria del país estaba esperando”. 

En ese sentido, apuntó que “lo resuelto por la Corte Suprema es muy saludable no solo para las universidades sino para la vida institucional de la Nación”. 

Y finalmente mencionó: “Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos sido siempre muy responsables y serios, priorizando los caminos institucionales para encontrar respuestas a los problemas que atravesamos. Con este fallo, se deberán actualizar salarios y becas conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley, que es la respuesta estructural por la que tanto trabajamos”.

La Ley de Financiamiento  Universitario fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. El presidente Javier Milei la vetó y tras multitudinarias marchas universitarias en todo el país, el Congreso la sostuvo en ambas cámaras.