Delfina Celichini

Acasi tres semanas del inicio del mandato presidencial de Javier Milei, las centrales sindicales, partidos de izquierda y algunos movimientos sociales protestaron frente al Palacio de Tribunales, donde está la Corte Suprema. Lo hicieron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 por el que se establece, entre otras cosas, la desregulación de la economía, una reforma laboral, la derogación de múltiples normativas y con el que se apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. El gobierno nacional, en tanto, desplegó el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad y advirtió que serán utilizadas “todas las medidas de disuasión” disponibles. Sin embargo, hubo cortes de calles y la zona de los tribunales estuvo parcialmente bloqueada.

La movilización por parte de la CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda fue convocada para las 10 en la Plaza Lavalle y terminó pasadas las 13. La presentación judicial lleva la firma de los miembros del triunvirato de conducción cegetista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet. El magistrado rechazó conceder la medida cautelar interina porque todavía no está en vigencia el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.

Con su triunvirato de mando a la cabeza, la CGT hizo lectura de un documento. “El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, expresó en los primeros fragmentos.

Al reclamo de inconstitucionalidad de esta norma se le sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada ayer por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

“Es importante armar un frente común que permita que el 2 de enero no tengamos despidos en el Estado”, dijo a LA NACION Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien agregó: “Tenemos que ir avanzando de manera colectiva para frenar los impuestazos y la suba del transporte público en un momento del país donde deberían darnos herramientas para vivir en mejores condiciones”.

Respecto del “protocolo antipiquetes” desplegado por el Gobierno nacional, el sindicalista sentenció: “Es ilegal”. “En este momento hay una demonización histórica del sindicalismo con provocaciones permanentes de Patricia Bullrich a los movimientos sociales. Esperamos no tener que lamentar un marco represivo”, sumó.

El operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía de la Ciudad se enfocó en contener a los manifestantes y evitar los cortes de calles. Si bien durante las primeras horas de la marcha, con solo una porción de los manifestantes presentes, las únicas vías cortadas eran las calles Tucumán y Talcahuano, la llegada masiva de militantes bloqueó todos los accesos a la Plaza Lavalle y obstaculizó el tránsito vehicular. Por eso, la Gendarmería y la Policía Federal se replegaron y se limitaron a custodiar el Palacio de Justicia así como otros edificios públicos de la zona. Un vallado complementaba su labor. Frente a la hilera de efectivos federales, María, una mujer jubilada que no quiso mencionar su apellido, levantaba un cartel que decía: “Argentina, soberana y constitucional”.

Para las 12, en pleno pico de la convocatoria, entre la militancia sindical explotaban petardos y silbaban cañitas voladoras. En paralelo, un helicóptero de la Policía Federal comenzó a monitorear la zona de Tribunales desde el aire. Los militantes, la mayoría resguardados bajo la sombra de los árboles de la plaza, saludaban hacia arriba con los dedos en ve mientras cantaban: “Paro, paro, paro, paro general”.

Las medidas de protesta se dan una semana después de la movilización por la que organizaciones sociales y sectores de izquierda marcharon hacia la Plaza de Mayo en repudio de las medidas económicas de Milei así como para conmemorar un nuevo aniversario las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí, se les reclamó a las centrales sindicales la adhesión a los reclamos así como la convocatoria a un paro general.

Sin embargo, fue después de la emisión del megadecreto que los gremios se plantaron en pie de guerra con el Gobierno Nacional y motorizaron acciones para frenar el avance de las reformas, entre las que se incluyen la modificación de los cálculos indemnizatorios y la limitación del derecho a huelga.

Por eso, en los últimos días la dirigencia sindical coordinó reuniones con los bloques del PJ en el Congreso para frenar el DNU por la vía parlamentaria. “La posibilidad de convocar a un paro seguramente será parte del análisis en el confederal, pero no sólo eso, también podríamos analizar lanzar un plan de lucha”, dijo Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT al hablar con periodistas antes de ingresar al palacio legislativo. “El objetivo es lograr las mayorías para que este decreto no siga adelante”, agregó. Los gremios convocaron una reunión para mañana en el Comité Central Confederal, donde está previsto que se discutan los pasos a seguir. Es probable que se active un plan de lucha, pero no se definiría una huelga hasta marzo.

“Cambio de era”

Entre las “medidas de disuasión” que el Gobierno dispuso ante la protesta sindical, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, le recordó ayer a la ciudadanía que continúa abierta la línea telefónica 134 para que se comuniquen allí quienes “se sientan extorsionados para ir a movilizarse”, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un llamado “a la reflexión a quienes tienen planes sociales”, al afirmar que “el que corta una calle, no cobra”.

Además, la ministra compartió una publicación en sus redes sociales en donde habló de “cambio de era” y mostró una solicitud que hizo la central de trabajadores para llevar a cabo el acto.

El pedido que difundió la presidenta de Pro incluye los nombres de la cúpula directiva de la CGT integrada por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. Allí, se solicita la realización de un acto en Plaza Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 12 a 13 horas para una cantidad aproximada de 8000 personas. Se estipula que se contará con un seguro de responsabilidad civil por 10 millones de pesos dispuesto por el organismo.

“Un hecho histórico que hace a las formas de llevar a cabo las manifestaciones en espacios públicos”, resaltó la funcionaria en el posteo de su cuenta de X que luego decidió borrar. “El mandato popular está imponiendo un cambio que debemos lograr para que el caos dé lugar al orden y la agresión a la convivencia”, sumó.

En tanto, su par de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, señaló : “Hay un cambio cultural en esta manifestación, por primera vez la CGT pide autorización a las autoridades competentes. Es momento de fortalecer el orden: que quienes se quieran manifestar lo hagan respetando las leyes vigentes y los derechos de los demás”.