El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo denunció que el Gobierno nacional intenta “restituir de manera solapada los efectos del Decreto 340/25” a través de la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Según el gremio, se trata de “una maniobra encubierta” para aplicar medidas de apertura y flexibilización laboral que violan decisiones del Congreso Nacional.

Con esto, se ve como el Gobierno nacional busca reeditar su ataque contra la escudería que protege los derechos laborales locales y volcarse a una amplitud que tiene como consecuencia la debilidad de las leyes argentinas y con esto, la extranjerización y pérdida de soberanía en materia laboral.

La Resolución introduce cambios en el régimen de excepciones a la Ley de Cabotaje Nacional (19.492) y a la Ley 27.419 de la Marina Mercante Nacional, reemplazando el sistema de publicaciones y consultas previas por un mecanismo de declaración jurada. De esta manera, habilita la operación de buques extranjeros en tráficos internos reservados a embarcaciones de bandera argentina bajo el argumento de “falta de disponibilidad”.

“Hay un capricho en desregular la Marina Mercante, y es que quieren bajar los costos laborales, directos o indirectos”, afirmó el secretario general de Patrones, Mariano Moreno, quien además calificó la medida como “una maniobra que roza lo inconstitucional, que no respeta la división de poderes y que tiene la palabra negocios por todos lados”.

El dirigente, quien en la actualidad se encuentra en plena búsqueda de reelección ya que el 11 de noviembre se definirán las elecciones del gremio, advirtió que detrás de esta política existe un objetivo económico claro: “Creen que desregulando se bajan los costos laborales, ya sea en salarios o en contribuciones patronales, pero lo que en realidad hacen es vulnerar derechos individuales, colectivos, sociales y sindicales”.

Moreno también apuntó contra el rumbo general de la política marítima del Gobierno. “Si pusieran el mismo esfuerzo que dedican a inventar estas maniobras en generar desarrollo e industria, el país ganaría tanto que no tendrían que preocuparse por los salarios de los trabajadores. Prefieren meter tripulación extranjera en el cabotaje y eliminar los controles que protegen el trabajo argentino”, sostuvo.

El gremio además acompañó una presentación formal de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) ante la ANPyN, en la que se denuncia la emisión irregular de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje y el incumplimiento de la Ley 27.419, que establece la obligatoriedad del embarque de personal argentino. Entre los casos citados figuran los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambas unidades de bandera paraguaya, a las que se otorgaron sucesivos permisos para operar en puertos nacionales con tripulación extranjera, en presunta violación al artículo 30 de la normativa vigente.

“Javier Milei parece haberse declarado en guerra con la Marina Mercante. Desde el inicio de su gestión, el presidente que prometió ‘liquidar el Estado’ no dejó de apuntar contra la navegación fluvial, la marina y la pesca”, concluyeron desde el Centro de Patrones.