Por Mariano Martín

La CGT celebró ayer la confirmación de un desembolso de $20 mil millones para las obras sociales sindicales por parte del Ministerio de Economía, luego de las gestiones de meses con Sergio Massa y el apoyo de la central al también precandidato de Unión por la Patria. Los recursos salieron del Tesoro nacional y fueron derivados a la Superintendencia de Salud (SSS), el organismo más afín a los gremios y responsable de la distribución de fondos entre las prestadoras de ese origen. En la cúpula de la CGT dijeron que pedirán antes de fin de año otro pago por $21 mil millones.

Se trata de una compensación que la mayor central obrera gestiona con Alberto Fernández desde 2021 basada en el crecimiento exponencial que los gremialistas advierten en el valor de las prestaciones para sus afiliados discapacitados, en particular los servicios de educación y transporte.

Ese año el Presidente se comprometió a asistir, por primera vez en la historia de las obras sociales, a través de fondos del Tesoro para cubrir el déficit por esas prestaciones que, siempre según la CGT, consumen hasta el 75% del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el instrumento que se nutre de aportes de las propias entidades gremiales y que acude en su ayuda para reembolsarles el costo de los tratamientos médicos más complejos y los remedios más caros.

“Gracias a las gestiones de la CGT esta semana finalmente entraron $20 mil millones al FSR para paliar el déficit causado por el rubro de discapacidad. Según proyectamos, para tener cubierto esto hasta fin de año harán falta otros $21 mil más”, le dijo anoche a este diario José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la central y encargado del gremio de Obras Sanitarias.

El dirigente admitió que es difícil cuantificar el déficit final por el efecto de la inflación y, también, porque “el Gobierno dio un aumento de 10% en julio a los prestadores de servicios para discapacitados y otro 5% hasta fin de año”, que deben cubrir las obras sociales.

Los recursos estaban comprometidos en un rebalanceo del Presupuesto 2023 que el Ejecutivo publicó semanas atrás en el Boletín Oficial aunque la garantía de aplicación de los fondos a las obras sociales dependía de su derivación a la SSS, lo que sucedió esta semana.

Raúl Rigo, secretario de Hacienda, le confirmó a Lingeri el martes que el desembolso ya había sido hecho y que en los próximos meses la Superintendencia deberá aplicarlo a las obras sociales “de acuerdo a criterios de volumen de afiliados y cápita de cada uno”, precisó el dirigente.

Lingeri puso como ejemplo el desempeño del FSR de julio, un mes en el que habitualmente ingresan más recursos por el aguinaldo que perciben los trabajadores formales: “entraron al Fondo un total de $41.314 millones, de lo que hay que descontar varios subsidios fijos (SANO, SUMA, SUMA75, Sumarte) y pagos por discapacidad por un total de $32.133 millones. La mayor parte de los gastos ese mes fueron por discapacidad, $21.295 millones, más de la mitad de todos los recursos”.

Históricamente el FSR atendía el reembolso de los expedientes derivados del Sistema Único de Reintegros (SUR), es decir los que cada obra social presentaba luego de brindar una prestación compleja. En los últimos años, sin embargo, los servicios a discapacitados pasaron a consumir hasta 75% de los recursos del Fondo, lo que obligó a muchas obras sociales, según advierten en CGT y en la Superintendencia, a recibir asistencia de los sindicatos.

La central obrera le reclamó al Gobierno que los servicios de educación y transporte para discapacitados fueran cubiertos por los respectivos ministerios, luego de admitir su subida exponencial, pero a falta de un instrumento así en el Presupuesto 2023 Alberto Fernández y Massa optaron por transferencias directas del Tesoro.