Ambos ministros acuerdan con el proyecto de ley impulsado por la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez que, con el argumento principal de avanzar en la eliminación de trabas burocráticas para los empleadores, propone profundizar la flexibilización laboral, modificando de forma regresiva la reglamentación en torno al cobro de horas extras o las vacaciones. El proyecto de ley “Promoción de Inversiones y Empleo” de Diez cuenta con la firma de otros 14 legisladores de su espacio político y contempla una serie de profundas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que ya estaban incluidas en el cuestionado DNU 70, cuyo capítulo laboral fue frenado en la Justicia por diversos recursos gremiales.

Entre las principales modificaciones que se proponen, se destacan el fin de la jornada de ocho horas (establecida por ley en 1929), habilitando una flexibilización laboral que podría habilitar jornadas de hasta 12 horas diarias, por la vía de la reforma del artículo 197 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, eliminando todas las regulaciones para dejar en pie sólo la obligación de un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales. Esto además termina con el pago de horas extra, apunta a establecer un “banco de horas” y hasta permite firmar contratos de “cero horas” en los que el empleador no tiene ninguna garantía de horarios, quedando a disposición del contratante para cuando desee convocarlo a trabajar.

En cuanto a las vacaciones, también se flexibilizan a favor de los empresarios, estableciendo la posibilidad de que se tomen entre octubre y abril y además distribuyéndolas en períodos mínimos de una semana (no respetando el derecho de los trabajadores a tomar vacaciones de dos, tres o cuatro semanas de corrido). Además se acorta el plazo de aviso previo a los trabajadores sobre sus vacaciones, que pasa de 45 días a solo 21 (complicando toda posible planificación del descanso, que deberá ser resuelto en tres semanas). También se endurecen los mecanismos para aprobar los certificados médicos presentados por los trabajadores, habilitando a los empleados a cuestionar los diagnósticos y poner a sus peritos de parte a evaluarlos.

Otra novedad del proyecto establece el regreso de distintos tipos de “bonos no remunerativos”, como los famosos Ticket Canasta que proliferaron en los años 90 (llegando a representar hasta el 20% del salario) para la compra de alimentos o mercaderías, que no eran reconocidos como parte del salario para hacer los cálculos para aguinaldo o aportes sociales. Tampoco se considerarían “remunerativos” los pagos extra para telefonía, internet, viáticos, suscripciones, etc.

La reforma laboral que impulsa Milei también prevé una serie de beneficios para las PyMES, que podrán pagar las indemnizaciones a trabajadores hasta en 12 cuotas. Y también contempla favores directos para grandes empresarios amigos, como es el caso del dueño de Mercado Libre Marcos Galperín, a quien se le habilitaría la posibilidad incorporar el pago de salarios desde Mercado Pago (dándole así la posibilidad a las Fintech de competir con los bancos y maniobrar financieramente con una nueva masa dineraria proveniente del pago de salarios).

En relación con estos avances para imponer una nueva reforma laboral aún más regresiva, cuyos detalles se vienen difundiendo hace semanas, Gerardo Martínez, titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), consideró: “Supongo que si ponen el tema en debate nos van a consultar. El diálogo está abierto”.