Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que la actividad industrial cayó un 8,8 % en 2024 y se contrajo otro 3 % en lo que va de 2025. El índice de producción industrial (IPI) está 6,6 % por debajo del promedio de 2023, mientras que la utilización de la capacidad instalada se desplomó hasta el 58,8 % . Esto provocó la pérdida de más de 39.000 empleos industriales desde noviembre de 2023 y el cierre de 1.482 fábricas .

Sectores clave como el metalúrgico, el textil, el automotriz y el químico registran crisis sin precedentes. En metalúrgicas, empresas como Acindar y Acerbrag suspendieron personal y operaciones; en el sector textil, compañías como Textilana y Algodonera Avellaneda recortaron planteles; Toyota despidió 700 trabajadores y Scania suspendió su producción; y firmas químicas como Clariant y Laboratorios Bagó recortaron personal .

El avance de las importaciones es clave en esta ecuación. En julio de 2025, las compras de bienes de consumo subieron un 47 % respecto a 2024, con electrodomésticos, ropa, alimentos y marroquinería entre los principales productos ingresados, en un claro desplazamiento de la producción local .

La apertura comercial indiscriminada y las políticas de desmantelamiento de herramientas de apoyo agravaron la situación. Se eliminaron la Ley de Compre Nacional, la Ley de Promoción Industrial 21.608 y líneas de crédito para PyMEs; el organismo técnico INTI sufrió fuertes recortes. Como resultado, la industria quedó desprotegida y en situación crítica.

En base a esta evidencia, podemos afirmar que el actual modelo de gestión retoma con renovado ímpetu la lógica antiindustrial que marcó el golpe de Estado de 1976. Ese quiebre fue diseñado para desmontar el aparato productivo, disciplinar a la fuerza laboral y concentrar el capital financiero a costa de la industria nacional. Milei, sin romper sino profundizar ese legado, defiende al Estado como obstáculo y fortalece los intereses del capital extranjero y financiero, mientras el aparato productivo se desmorona.

Esta realidad amenaza no solo el empleo sino también el futuro de las cadenas productivas, la innovación y la capacidad de las y los trabajadores de ofrecer una vida digna. Como advierte el co-coordinador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Tomás Raffo: “Se trata de abandonar la ideología del libre mercado y adoptar una nueva política industrial”. Hugo “Cachorro” Godoy, desde su rol en la CTA, subraya la urgencia de un Estado activo, planificador e inversor que promueva encadenamientos productivos y garantice innovación con inclusión social.

En resumen, lejos de un “boom” agroexportador, lo que se observa es la desarticulación de la industria y una legítima preocupación por lo que vendrá si no cambia el rumbo.