Por EUGENIA RODRÍGUEZ

De cara a las elecciones generales de este domingo un grupo de especialistas difundió un informe que apunta directamente contra las propuestas electorales que insisten en que los problemas del mundo del trabajo actual se solucionan con mayor flexibilización en las contrataciones, el fin de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las penas que recaen sobre empresas por tener trabajadores en la informalidad, así como con desarticulación de los convenios colectivos por actividad y hasta la intervención sindical. Sin embargo, frente a este esquema que forma parte de las plataformas de campaña tanto del candidato Javier Milei (La Libertad Avanza) como también de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) investigadores de diferentes centros de estudios alertaron que “cada vez que en nuestra historia se implementaron estos programas no sólo no se impulsó la creación de nuevos puestos de trabajo sino que, además, aumentó la informalidad, cayeron los salarios reales y creció marcadamente la desigualdad”.

Al respecto, el informe dado a conocer a pocos días del domingo electoral remarcó que si bien “el resultado de las elecciones primarias en nuestro país expresó un agudo malestar que es, en parte, un malestar laboral” lo hizo “bajo la idea de que esa situación se resuelve con motosierra, dinamita y estallidos” pero se trata de “recetas que no sólo no solucionarían ninguno de los problemas existentes, sino que nos llevarían a un escenario muchísimo peor que el actual”. 

El documento al que accedió El Destape profundizó acerca de por qué surgieron y cómo enfrentar los propuestas laborales de derecha, destacando en ese sentido que su base radica en considerar que “los derechos, las instituciones laborales y los sindicatos son un obstáculo para el desarrollo y la generación de empleo, en consecuencia, pretenden barrer con ellos”. No obstante los investigadores entienden que se trata de “diagnósticos simplistas y falaces” ya que “no existen soluciones mágicas” para resolver los problemas del mundo del trabajo. 

“El país del estallido y la motosierra es un país con menos ingresos para quienes trabajan, con más dificultades para las mujeres, con más obstáculos para los emprendedores, el ingreso de las y los trabajadores no va a valer más en una economía que intente avanzar por el camino de la dolarización, ni va a haber mejores oportunidades laborales en un país donde los empresarios tengan discrecionalidad absoluta para despedir, sino más disciplinamiento e incertidumbre en los empleos”, advirtieron y agregaron “por todo eso, es un país con menos libertad”.

¿Más empleo con más precariedad?

“No hay soluciones mágicas e instantáneas para resolver las dificultades y los desafíos que el mercado laboral acarrea, en algunos casos, desde hace décadas”, se señaló en el informe Un horizonte de trabajo diferente elaborado por un grupo heterogéneo de especialistas que, según indicaron, buscaron “puntos de acuerdo para contribuir a la discusión sobre un horizonte de trabajo diferente a los diagnósticos simplistas y falaces”. 

En ese sentido, un equipo con integrantes de distintos centros de estudios del país analizó las principales propuestas de reforma enunciadas en estas elecciones 2023 por los partidos de derecha y ultraderecha, y destacó que “los derechos laborales de quienes no los tienen no se consiguen eliminando las protecciones de los que trabajan bajo el amparo de las leyes y los convenios colectivos de trabajo” es decir que “la formalidad no se alcanza legalizando la informalidad y la precariedad” y agregaron que “no se va a mejorar el nivel educativo y las competencias laborales mercantilizando el sistema educativo, y la modernización y la incorporación de tecnologías en el sistema productivo no van a ser promovidas por quienes quieren eliminar a los organismos científicos”. 

Puntualmente, el documento elaborado por especialistas de, entre otros espacios, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), CIFRA-CTA, Atenea, Futuros Mejores, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), analizó la propuesta que busca facilitar el despido de las y los trabajadores a través de eliminar el sistema de indemnizaciones. “El razonamiento que se plantea es que si los empresarios, al momento de despedir, no deben pagar indemnizaciones serán más proclives a contratar y a formalizar”, y frente a ello advirtieron que “la propia experiencia argentina indica que la flexibilización del mercado laboral no provoca que el empleo se incremente” y recordaron que “en la década de 1990 se implementaron reformas que apuntaron a facilitar las desvinculaciones reduciendo indemnizaciones por despidos y por accidentes de trabajo, sin embargo, estas medidas no lograron su objetivo explícito de promover el empleo y la registración, sino que, por el contrario, convivieron con niveles de desempleo e informalidad históricos”. 

Para quienes analizan el impacto en la vida de las y los laburantes, eliminar las indemnizaciones o reemplazarlas por un mecanismo de seguro que paga el propio trabajador, semejante al “modelo UOCRA”, solo llevaría a “una menor estabilidad ya que desaparecería el costo disuasorio que implica el pago de una indemnización por despido, y la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo llevado adelante por los trabajadores”. El resultado sería más inestabilidad, incertidumbre y disciplinamiento.

Otro punto clave del informe analizó lo que suele presentarse por candidatos de la oposición como “la industria del juicio” que busca “asegurar libertad para contratar de manera informal”. En detalle, se observó que “en este tipo de juicios, la sanción restituye las sumas de dinero que el empleador evadió al no registrar correctamente la relación laboral” por lo que de avanzar “significaría retirar de la legislación un importante desincentivo a la contratación laboral informal”. En el mismo sentido, se aclaró que “no cualquier disputa puede ser llevada a juicio” y a modo de ejemplo mencionaron que en la Provincia de Buenos Aires sólo el 5% del millón y medio de asalariados no registrados inició un juicio en el año 2021, y a su vez, en CABA existe el sistema de conciliación obligatoria, por el cual muchos reclamos laborales se resuelven antes de la instancia judicial.

¿Más empleo sin convenios ni respaldo sindical? 

Una propuesta que también estuvo en el centro de la escena en estas elecciones presidenciales tiene que ver con la eliminación de la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Es decir, poner fin a lo que permite que una vez que se pactan convenio entre empresas y sindicatos, los mismos mantengan vigencia más allá de su vencimiento, hasta que se acuerdo uno nuevo, a fin de garantizar los derechos ya obtenidos. 

“La derecha propone eliminar la ultraactividad, lo que constituye una trampa, si los sindicatos quisieran aumentos salariales, deberían aceptar la pérdida o flexibilización de derechos y si no lo hiciesen, la falta de acuerdo haría vencer los convenios colectivos. A la larga, el fin es hacer caer todos los convenios colectivos de los sindicatos que no acepten deteriorar sus condiciones de trabajo”, alertaron los especialistas. Y sumaron que si bien los argumentos que suelen plantearse pasan por la necesidad de actualizar convenios de más de 50 años de antigüedad, “es un diagnóstico falso porque están menos desactualizados de lo que denuncian y además, y fundamentalmente, en la práctica existe una negociación articulada que los actualiza “por abajo”, es decir, que se complementan y articulan con negociaciones que se dan a nivel de las empresas”.

Todo lo anterior sería difícil de poner en marcha si además no estuviera acompañado de medidas que limiten el accionar sindical, por eso, agrega el documento al que accedió este medio, “se propone restringir a los sindicatos y convertir algunas de las modalidades de la huelga en delito o incluir actividades como la enseñanza en servicios esenciales, limitando así el derecho de huelga”. Esto junto con represión y la persecución a los dirigentes sindicales “son parte del herramental que están planteando utilizar” y que recordaron “ya fue puesto en práctica durante el gobierno de Macri con la tristemente célebre Gestapo sindical, un dispositivo para armar causas judiciales y perseguir a las y los dirigentes gremiales”. 

Propuestas en el horizonte

Las y los investigadores sumaron asimismo una serie de propuestas que buscan aportar a “la discusión sobre cómo construir un horizonte de trabajo diferente”. En ese sentido consideraron que “la creación de empleo de calidad y crecimiento de los ingresos debe asentarse sobre dos grandes pilares. Por un lado, de un régimen macroeconómico y productivo que genere los incentivos necesarios para la inversión, el crecimiento de la productividad y la generación de empleo, y por otro, de instituciones laborales y sindicatos activos, que promuevan una distribución del ingreso equitativa”

En esa línea, destacaron la necesidad de “promover un patrón de crecimiento que potencie el desarrollo industrial y de otros sectores estratégicos, y sostener una agenda que concilie la búsqueda de mayor productividad con la ampliación de los derechos y el bienestar de los trabajadores”. Para ello, “los sectores relacionados con las nuevas matrices de energía tienen un rol destacado, se espera que la minería y la energía contribuyan a incrementar las exportaciones argentinas en el corto plazo, y que permitan mejorar las condiciones productivas en todo el país, y resulta imprescindible que sea con desarrollo industrial”. Así como el impulso de “industrias relacionadas como la de bienes de capital, la industria automotriz orientada a la movilidad sustentable, incluyendo a la cadena de valor de las baterías, que se apalanca sobre las industrias química y metalmecánica. Los sectores intensivos en conocimiento también son clave para la expansión del empleo, en especial el software, pero también los servicios de ingeniería y desarrollo”.  Y destacaron que “incrementar la productividad depende, en primer lugar, del compromiso de los empresarios en realizar inversiones a tal fin, en contextos que permitan que estas decisiones sean efectivas y redituables”.

También se mencionaron políticas de mejora de los ingresos ya que “desde el Estado se puede recurrir a una batería de políticas (algunas de las cuales se implementaron luego de las elecciones primarias) que operan a través del diálogo social con actores institucionalizados (sindicatos y cámaras empresarias). Esto incluye una activa movilidad que impulse una mejora del salario mínimo, vital y móvil y la promoción y fortalecimiento de la negociación colectiva. De manera complementaria, se pueden impulsar incrementos salariales extraordinarios y/o mejoras en el nivel de asignaciones familiares”. Y se destacó que “las políticas de ingresos son inescindibles de una estrategia que tienda a reducir la inflación”.  Asimismo, el informe subrayó entre los principales puntos una posible reforma del régimen del monotributo que permita “desarrollar una estrategia de fiscalización para terminar con el fraude en el sector privado y también desterrar el uso indebido del monotributo como figura de contratación en el Estado” así como “crear categorías previsionales adecuadas para quienes no trabajan dentro del mercado laboral, impulsar categorías para quienes exportan servicios al exterior de manera independiente y promover un régimen simplificado para las cooperativas que alcanzaron cierta escala”

Se sumó la necesidad de “avanzar en sistemas de cuidados que, a través de políticas de tiempo, infraestructura y recursos, distribuyan socialmente la responsabilidad de cuidar a las y los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. Contar con estos sistemas será positivo para la vida de las mujeres y, a la vez, reducirá la desigualdad en el acceso y la calidad de los cuidados en cada una de estas poblaciones”, de la mano de “políticas para asegurar la participación de mujeres y diversidades en sectores altamente masculinizados donde el nivel salarial y de formalización suele ser superior”. 

Además, en un mundo del trabajo cada vez más heterogéneo, se indicó que es clave “avanzar en el desarrollo de una nueva institucionalidad laboral que consolide el reconocimiento de las y los trabajadores de la economía popular y promueva el mejoramiento de sus condiciones laborales y en la registración y el fortalecimiento de la remuneración de las cuidadoras comunitarias, generalmente ligadas a las organizaciones sociales”. Finalmente, destacaron el debate en torno a la reducción de la jornada laboral considerando que “pueden basarse en sistemas de distribución o interrupción de la jornada que aumenten el poder de decisión de las personas y la soberanía sobre el tiempo de trabajo” junto con “iniciativas que apunten a la preservación de puestos de trabajo en las empresas que incorporan tecnologías, atado a un esquema de formación profesional”.